Policías y guardias civiles aumentarán el nivel de su protesta

 

Sindicatos y asociaciones se han concentrado ante la Delegación del Gobierno para protestar por la cesión de competencias a Cataluña en el control de fronteras

Foto: David Pérez

Asociaciones y sindicatos de policías nacionales y guardias civiles se han concentrado ante la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha para protestar contra la Proposición de Ley Orgánica de delegación a Cataluña de competencias estatales en materia de inmigración presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados.

Daniel Timón, secretario territorial de AUGC Toledo y portavoz de la plataforma en Castilla-La Mancha, quiere dejar claro que están en contra de las cesiones de soberanía por parte del Gobierno central a Cataluña. Afirman que son ilegales desde el punto de vista constitucional puesto que compete a las Fuerzas de Seguridad del Estado la vigilancia y control del acceso a través de las fronteras españolas y del la Unión Europea.

Dice que van a continuar con manifestaciones y concentraciones «de bajo nivel» y dentro de la legalidad, exponiendo sus razones a la ciudadanía, aunque no descartan que las protestas «cojan un poquito más de nivel» si bien matiza que «no es una amenaza» sino un intento de que les hagan caso desde la Administración del Estado.

Acusan al presidente del Gobierno de «mentir» con «el beneplácito» del ministro del Interior cuando dice que los Mossos de Escuadra forman parte de las FSE y recalcan que solo lo son la Guardia Civil y la Policía Nacional que son las que tiene la misión de garantizar la seguridad de las fronteras.

Advierten de que no van a consentir que se vulnere la Constitución ni la ley orgánica por que Pedro Sánchez necesite 7 votos para mantenerse al frente del Gobierno.   Consideran que no puede haber ciudadanos de primera y segunda categoría dependiendo de en qué comunidad vivan y recuerdan que la seguridad de los ciudadanos españoles tiene que ser idéntica en todo el territorio.

Señalan que está en aprobación un incremento de plantilla para los Mossos con la que llegarían a los 25.000 agentes, lo que supone que tendrían más efectivos que sumando Policías y Guardia Civil en otras siete regiones españolas creando una discriminación porque esos recursos económicos salen del Estado español en su conjunto.

Asegura que la cesión les perjudica profesionalmente porque les quitan competencias que les adjudica la Constitución en su artículo 149, también salen perdiendo la Policía Nacional y la Guardia Civil como instituciones, además los agentes que desempeñan esas funciones y que son especialistas verán desaparecer sus puestos de trabajo y se les aboca a un traslado, de ellos y de sus familias.

Timón insiste en que «el Gobierno se está vendiendo por siete votos y el ministro del Interior se lo come con patatas, no pelea por sus hombres» y añade que respetan a los Mossos y a los Ertzainas pero que los hombres del Ministerio del Interior son los policías y guardias civiles que s

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