La cesión de competencias en los puertos y aeropuertos del País Vasco a la Ertzaintza ha desatado una tormenta jurídica después de que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil presentase un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuestionando la legalidad y legitimidad de los acuerdos
Agentes de la Ertzaintza durante una operación. / Arnaitz Rubio
La cesión de competencias en puertos y aeropuertos vascos es el epicentro de un conflicto que amenaza con alterar los equilibrios históricos del modelo territorial español. Según el recurso interpuesto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Unión de Oficiales sostiene que los pactos rubricados el pasado 24 de julio de 2024 en la Junta de Seguridad carecen de la fuerza normativa necesaria para modificar tanto la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como la Ley Orgánica 3/1979 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Desde el 3 de febrero de 2025, la Ertzaintza ejerce funciones como policía integral en todos los puertos de la comunidad autónoma, incluyendo la lámina de agua, asumiendo competencias plenas en orden público y protección de bienes y personas, un ámbito tradicionalmente garantizado por la Guardia Civil.
"No se puede alterar el reparto constitucional de funciones mediante acuerdos políticos sin rango de ley", afirman fuentes cercanas a la Unión de Oficiales, que advierten del riesgo de abrir una peligrosa vía que otros territorios podrían imitar.
Choque institucional y primeras tensiones operativas
Apenas un mes después de la entrada en vigor del acuerdo, se han registrado los primeros roces operativos entre ambos cuerpos. La reducción de amarres asignados a la Guardia Civil en el puerto de Pasajes (Guipúzcoa), decidida unilateralmente por autoridades vascas, ha sido interpretada como un gesto hostil, dificultando la labor habitual de los agentes.
Mientras tanto, la Moncloa guarda silencio y el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, insiste en que los acuerdos respetan las competencias exclusivas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en ma
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