Los populares llevan a debate el cumplimiento de las cláusulas tercera y octava del acuerdo entre Gobierno y sindicatos policiales
JAVIER GALLEGO
El PP ha registrado una proposición no de ley para que se debata y vote en el Congreso sobre la equiparación salarial, que nace de un acuerdo entre el Gobierno del PP y los sindicatos policiales en marzo de 2018.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez (desde junio de 2018) heredó ese acuerdo (aunque Fernando Grande-Marlaska se apropia de ese logro) y sortea cuanto puede su cumplimiento: por ello, los populares quieren llevar esta cuestión a la Cámara Baja para que se aborden la cláusula tercera y octava de ese acuerdo de equiparación salarial, que constaba de diez puntos en total.
En concreto, la proposición no de ley (no es vinculante, pero sí permite ver la postura de cada partido en torno a determinadas cuestiones), incluye cuatro puntos.
Dos de ellos están directamente relacionados con esas cláusulas tercera y octava.
En este sentido, uno de esos puntos insta al Gobierno a «ejecutar la cláusula tercera del Acuerdo de Equiparación de 2018, para permitir el regreso a la vida de los policías y guardias civiles que se encuentran en situación administrativa de segunda actividad o de reserva, reconociéndoles el derecho a la equiparación».
El otro pide al Ejecutivo «a elaborar una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación al resto de policías del resto del territorio español».
Sin embargo, todo apunta a que los grupos que dan apoyo al Gobierno se van a oponer a esos dos puntos tras conocerse que el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, ha puesto un recurso a la sentencia de la Audiencia Nacional de junio que obligaba al Ministerio del Interior a renegociar las cláusulas tercera y octava: es decir, ha dado muestras de su rechazo.
El Ejecutivo optó por recurrir esta sentencia al entender que «incurre en infracción del ordenamiento jurídico y, además, en incongruencia interna y falta de motivación».
Además, en otro de esos cuatro puntos, se insta al Gobierno a «encargar un nuevo informe de consultoría externa que señale las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de Policía Nacional y Guardia Civil con las policías autonó
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