Fuentes de las asociaciones de la Guardia Civil señalan que Moncloa habría dado orden de revisar la normativa.
El Gobierno de Pedro Sánchez piensa vengarse de las asociaciones críticas con sus pactos y con la ley de amnistía. Y no piensa sólo en expedientar a los portavoces que se atrevan a levantar la voz contra la voladura constitucional. Quiere ir más allá y restar poder a sus asociaciones para debilitar el peso de estas organizaciones y apartar a los protagonistas incómodos, como ya hizo con el coronel Pérez de los Cobos en plena investigación judicial del 8M y el covid.
Fuentes de las asociaciones de la Guardia Civil confirman que la orden de revisar la normativa reguladora del comportamiento de las asociaciones profesionales de la Benemérita ya ha salido de Moncloa. Y eso que la norma no es en absoluto antiguo ni excesivamente benévola con los guardias. Pero Pedro Sánchez quiere ir eliminando elementos molestos en su camino hacia el cumplimiento de los pactos de ataque a la Constitución Española.
La actual norma reguladora de esta materia es el Real Decreto 175/2022, de 4 de marzo, por el que se desarrollan los derechos de las asociaciones profesionales de guardias civiles, de sus representantes y de los miembros del Cons
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