El fiscal José Antonio Díez aseguró en sus conclusiones que los hechos nunca debieron llegar a juicio: “No consta que el acusado llamara a la denunciante para tomar represalias ni que abusara de su cargo”
Este martes se juzgaba en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas a un guardia civil destinado en Fuerteventura y a su esposa, a los que acusaban de un presunto delito de coacciones contra una mujer para que quitara una denuncia ante la Inspección de Trabajo. El fiscal José Antonio Díez ha pedido la libre absolución de ambos al entender, que por el resultado de la prueba, los hechos nunca debieron llegar a juicio.
El 5 de abril de 2017, la ciudadana extranjera J.C.G. denunció a la que por entonces era su empleadora, M.A.H.M., ante la Inspección de Trabajo, alegando que estaba trabajando mediante un contrato verbal y sin darle de alta en la Seguridad Social en su negocio, en calidad de encargada. La mujer trabajaba en el quiosco que la acusada tenía en el mercadillo del término municipal de Pájara (Fuerteventura) desde el 2014 hasta el 2017.
Volvió al mercadillo
Al día siguiente de la denuncia y cuando la empleada acudió a su puesto de trabajo, la acusada no la dejó incorporarse así que la denunciante decidió llamar a la Guardia Civil. Para el fiscal este aviso al cuerpo policial es clave. “No hay duda de que la propia empleada después denunciar ante la Inspección quiso seguir trabajando y fue ella misma la que llamó a la Guardia Civil”, destacó el fiscal Díez durante sus conclusiones.
Según la denunciante el guardia la estuvo coaccionando y amenazando con denunciarla para que la expulsaran de España ya que se encontraba en situación irregular en el país. De hecho, tras e
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