“Los últimos de la fila para la Administración, pero el último recurso en caso de catástrofe”
La precariedad retributiva del personal militar es tan grande, que están marchando a otros cuerpos de seguridad para cubrir puestos de trabajo de menor categoría laboral y para ser subordinados de profesionales con menos experiencia y formación. Así de contundente se expresa el presidente de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfapro), Miquel Peñarroya i Prats.
En declaraciones a EL TRIANGLE, Peñarroya alerta que si sigue esta tendencia “iremos mucho justos” para cumplir los compromisos de la OTAN. Actualmente, España es uno de los países de la OTAN que menos dinero invierte en defensa con relación al PIB. Si el compromiso establecido es gastar el 2% del PIB en defensa, España tan solo destina el 1,01%. Solo Luxemburgo está por debajo del Estado español, con el 0,58%.
El suboficial de Asfapro denuncia que “estamos mal pagados desde hace tiempos, pero somos un cuerpo de funcionarios públicos que no tiene derecho de huelga y hasta hace poco no podía manifestarse públicamente por las calles y plazas”. En este contexto singular, otras fuerzas de seguridad del Estado sí que han podido reivindicar la mejora de sus condiciones retributivas, y por tanto, las diferencias “son abismales” con guardias civiles, policías nacionales o Mossos d’Escuadra.
A pesar de que el sueldo baso es igual al resto de funcionarios públicos, el problema radica en los complementos, según Asfapro. “Nos engañan con los complementos, y pongo un ejemplo: por un mismo trabajo pero con diferente uniforme, un guardia civil puede cobrar un complemento de 1.033,70 euros, mientras que el que le corresponde a un militar es de 382 euros. Hay más de 600 euros de diferencia entre dos personas que tienen el mismo nivel de formación y la mismo trabajo, y solo varía el cuerpo al cual pertenecen”. Otro caso más “flagrante”, según Peñarroya, sería el caso de un guardia civil o un policía nacional en prácticas, en comparación con un brigada del ejército. El profesional en prácticas todavía no ha acabado los nueve meses de formación, mientras que el brigada ya tiene quince años de experiencia laboral y tres años de formación en la academia militar. “No puede ser que este guardia o policía en prácticas cobre más que el brigada. Esto tiene consecuencias, y una de ellas es que el personal mejor formado no entrará nunca al ejército y será la última opción laboral para cualquiera. Te piden mucho, pero no te ofrecen nada”.
La situación es tan grave que aceptan trabajar con una categoría profesional más baja. “Muchos suboficiales optan por ser guardias civiles rasos, y esto no tiene sentido”, afirma.
Como comparativa, cita un caso civil equiparable: “Imaginaos que estáis en un hospital donde el cirujano opta por hacer oposiciones para ser celador o enfermero”, explica. En el cuerpo militar, “se está dando el caso de militares profesionales que hacen oposiciones para bajar de categoría laboral” y cobrar sueldos mejores.
Miquel Peñarroya quiere trasladar a la ciudadanía que “muchos profesionales dicen que su futuro no está en las fuerzas armadas, porque no pueden mantener la familia, y buscan otras vías”. En un contexto mundial donde Rusia ha dado un golpe de realidad y ha evidenciado que “de guerra no hay, pero mañana puede haber”, hay que tener “fuerzas armadas con material adecuado y personal motivado, y ahora esto no lo tenemos”. Cuando se convocan plazas públicas para el cuerpo militar, antes había diez personas por plaza y ahora solo hay dos.
A medio plazo, “hay un problema porque no puedes elegir los mejor formados”. En cambio, son unos profesionales que tienen que tener disponibilidad permanente; amplio horario laboral; capacidad de marchar de casa en cualquier momento, y “no se paga el concepto que te pueden matar o tú puedes matar”. Como muestra, cita todas las tareas que tuvieron que desarrollar durante la pandemia, donde tan pronto descontaminaban residencias, trasladaban cadáveres o ponían en funcionamiento hospitales de campaña. “Salíamos en las portadas, pero de retribuciones, nada de nada”.
A pesar de que se activan en caso de incendios, inundaciones o terremotos, como el de Lorca, Miquel Peñarroya denuncia que “somos el último recurso del Estado para cualquier catástrofe y somos los últimos de la fila de la Administración. Contra esto, se tiene que reaccionar”.
Todos estos agravios se han trasladado al Ministerio de Defensa por parte de Asfapro, sin conseguir las mejoras reclamadas. “Hemos hecho dos plenos extraordinarios sobre retribuciones que han acabado en nada. Están malacostumbrados, porque hasta ahora no nos podíamos manifestar ni hacer reivindicaciones”, dice. Los derechos y los deberes de los miembros de las fuerzas armadas no se regularon hasta el año 2011, “y hemos tenido que luchar mucho para
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