El Consejo de Transparencia ha obligado a Interior, tras dos años de recursos a entregar los datos sobre la licitación de la prenda, a lo que el departamento de Grande-Marlaska se había negado
Interior rechazó la petición de Transparencia al saber que el firmante era un sindicalista
La tensión comenzó porque la AUGC alertó de que las prendas que pensaba comprar la Guardia Civil por más de 100.000 euros, a su juicio, no eran reglamentarias
Sobre el papel, la batalla legal parece centrarse en un trozo de tela de poco más de medio metro cuadrado.
Un gorro que la Guardia Civil quería comprar y sobre el que los sindicatos del cuerpo alegaron que no era reglamentario allá por 2022.
Sin embargo, el entuerto tiene en realidad tintes mucho más sensibles ¿Tiene Interior derecho a negar una información sobre un contrato público? ¿Y si quien la pide es responsable de un sindicato de funcionarios? Y aún más: ¿Es legal que la cartera de Frenando Grande-Marlaska consulte sus bases de datos para saber si un peticionario de información pública está entre sus empleados o si utilizará de forma crítica con el ministerio la información que reclama? Y todo, con la excusa de una prenda que debía servir para cubrir la cabeza de los agentes, y que lleva dos años de papeles, recursos y despachos a cuestas.
El entuerto arrancó en septiembre de 2022, cuando la Junta Permanente de Uniformidad decidió cambiar la normativa para hacer oficial una nueva gorra para el equipo de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil. En ese momento, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) alegó que ese organismo no tenía potestad legal para hacer el cambio, pero además hizo notar que pese a que las gorras todavía no e
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