La Guardia Civil convoca de urgencia un grupo de trabajo para justificar una respuesta ante el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales.
• La desconexión digital Incide sobre un derecho fundamental a nivel europeo.
• La Guardia Civil utiliza una aplicación oficial de mensajería instantánea llamada IMbox por la que trasnmite instrucciones ejecutivas de trabajo a los agentes, estén o no prestando servicio.
ASESGC requirió al Mando de Operaciones de la Guardia Civil en varias ocasiones durante los años 2021 y 2022 la regulación de la desconexión digital de los agentes a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
Conciliación digital, un derecho fundamental a nivel europeo
El derecho a la limitación del tiempo de trabajo y a periodos de descanso diarios y semanales, así como a un periodo de vacaciones anuales retribuidas, constituye un derecho fundamental para el Derecho de la Unión en virtud del artículo 31.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de noviembre de 2018, Bauer y Willmeroth, C-569/16 y C-570/16).
La normativa de referencia obliga al empleador, en este cao a la Guardia Civil, a elaborar una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definan las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática.
ASESGC acude al Defensor del Pueblo en 2022 denunciando IMbox
Ante la falta de una respuesta clara de la Dirección General de la Guardia Civil, ASESGC acude al Defensor del Pueblo en 2022 (Nº Expediente: 22026752), denunciando que el Cuerpo utiliza una aplicación oficial de mensajería instantánea llamada IMbox, en la que deben registrase los agentes de forma obligatoria, recibiendo novedades e instrucciones de servicio a través de ella, no sólo durante el tiempo de presencia física en el puesto de trabajo, también durante sus descansos diario y semanal, incluso en los periodos de vacaciones o permisos.
La recepción de estos mensajes es especialmente habitual cuando el guardia civil es jefe de una determinada unidad o área, o realiza funciones de investigación, ya que puede recibir mensajes de sus mandos superiores a través de este sistema de mensajería en cualquier momento del día o de la noche, incluso llamadas a través de este sistema.
ASESGC entiende que, con esta práctica de inserción obligatoria de un grupo oficial de mensajería instantánea, a los miembros de la Guardia Civil se les obliga a realizar una suerte de trabajo a distancia sin cómputo y sin respetar los descansos diarios y semanales, y en algunos casos ni siquiera los permisos y vacaciones.
Requerimiento a la Guardia Civil y convocatoria del grupo de trabajo para la regulación de la desconexión digital
En diciembre de 2022 el Defensor del Pueblo comunica a ASESGC, como emisor de la queja, que ha decidido dirigirse a la Dirección General de la Guardia Civil al efecto de solicitar información sobre los hechos descritos en su queja. Ante esta tesitura sobre la obligación legal de regular que ha omitido y el requerimiento del Defensor del Pueblo, la Guardia Civil incluye en la previsión de grupos de trabajo para el mes de febrero una reunión con las asociaciones profesionales sobre la desconexión digital. Esta precipitación y coincidencia de actuaciones, parece indicar que el organismo correspondiente de la Dirección General del Cuerpo contestará al requerimiento del Defensor del Pueblo que ya se encuentra regulando la cuestión. Si esto se confirma en el expediente de la queja, la inmoralidad de la acción debería avergonzar al más pintado.
La posición de superioridad en que se encuentra la Administración frente a los administrados es utilizada en la Guardia Civil de forma especialmente rigurosa con sus agentes, a los que con preocupante habitualidad no considera incluidos entre los destinatarios de las normas, salvo que sea obligada a ello por la denuncia de los perjudicados, ejemplos hay unos cuantos.
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