Hay policías nacionales y guardias civiles que están 'viejos' pero tienen que seguir al pie del cañón, en puestos operativos, obligados a permanecer en el servicio activo hasta los 65 años.
CRUZ MORCILL
Existe la posibilidad de que pasen a segunda actividad, pero muchos no pueden hacerlo porque pierden un 25 por ciento de sus retribuciones. Un sueldo que no les llega.
Es la denuncia de la plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación, constituida hace unos días en Madrid y que aglutina a casi 150.000 funcionarios de ambos Cuerpos.
En ella se han integrado la mayoría de sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil y una de sus primeras acciones ha sido dirigirse a Pedro
Sánchez por carta.
«El envejecimiento pone en peligro la calidad de la seguridad
pública y la propia vida de los servidores públicos por la pérdida
de capacidad psicofísica y el riesgo para los propios agentes», han
denunciado en rueda de prensa. Según han explicado, el Gobierno
los discrimina porque no les reconoce como profesión de
riesgo, una condición de la que sí gozan otros Cuerpos autonómicos
y locales.
«Ha llegado la hora de que el Gobierno corrija urgentemente este
agravio o dé explicaciones a la ciudadanía», han señalado. Los
miembros de la plataforma subrayan que esta nace con vocación de
permanencia hasta que se alcancen los objetivos propuestos.
En la comparecencia, los líderes sindicales han dejado claro que
el sistema policial español tiene «dos velocidades»: la de los agentes
autonómicos y locales, por un lado, y la de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, por el otro, de manera que es hora de
poner «cordura y justicia» en el desempeño policial.
« Si denunciamos el envejecimiento de las plantillas en quienes
realizan servicios operativos, resulta del todo incoherente que en
el caso de las escalas de mandos de la Guardia Civil que ejercen
labores de dirección y planificación no se les permita continuar
en el servicio activo hasta los 65 años, de forma voluntaria. No
contar con la experiencia de quienes desarrollan estas funciones
claves es un error que requiere de su corrección».
La palabra agravio ha salido a relucir una y otra vez. La demanda
es clara: aprobar una ley que recoja índices correctores para una
jubilación anticipad
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