Esta advertencia no será exigible cuando "se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso"
La ponencia encargada de tramitar en el Congreso la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautiza por sus detractores como 'ley mordaza', incorporaba este jueves en su informe varios acuerdos alcanzados entre el PSOE, Unidas Podemos y sus aliados parlamentarios.
Entre los más polémicos, las propuestas sobre la actuación de la Policía en las manifestaciones, en las que se apunta a que la Policía deberá realizar aviso "verbal" y "audible" antes de iniciar una carga contra los manifestantes.
El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ofreció explicaciones al término de la ponencia sobre la que ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de los trabajos. Según sus cálculos, ya hay acuerdo sobre el 96% de la norma y sólo quedan "cinco artículos" por cerrarse.
El dirigente de Izquierda Unida explica en declraciones a Europa Press que la intención es volver a reunir a la ponencia la semana que viene y si es posible también a la Comisión de Interior para aprobar su dictamen y elevarlo al Pleno extraordinario que la Cámara planea celebrar a finales de enero.
La polémica
Uno de los temas más polémicos de la nueva norma son los cambios en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las manifestaciones.
Según adelanta El País, el texto recoge una propuesta de PSOE y Unidas Podemos con el visto bueno de ERC que reza de la siguiente forma: "Antes de adoptar las medidas, las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán avisar de tales medidas a las personas afectadas de manera verbal claramente audible, con indicación expresa del plazo previo a la adopción efectiva de las mismas".
El texto prevé incorporar una excepción a esta medida y es que no será exigible la advertencia policial cuando "se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso", según informa El País, asegurando que en ese caso, los agentes “podrán" disolver la reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos sin necesidad de previo aviso".
A este respecto, el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha señalado que se "ha apuntalado la regulación del derecho de manifestación para que pueda ser ejercido libremente con protección por parte de las Fuerzas de Seguridad, con una normativa más clara respecto al momento en que procede realizar una manifestación y que ésta no sea sancionable si por hechos desconocidos urgentes no puede trasladarse la comunicación".
Las sanciones
Lo que sí se ha abordado en la reunión de este jueves, la ponencia ha incorporado al texto de la ley la reducción de cuantías mínimas de las sanciones.
Para las infracciones leves la multa mínima seguirá siendo de 100 euros, pero la máxima pasará de 600 a 500; las graves podrán oscilar entre 501 y 25.000 (en lugar de los 30.000 vigentes) y las muy graves irán de 25.001 a 600.000. La cuantía máxima en este último caso no se altera porque está prevista para supuestos "muy concretos de alteraciones en espectáculos deportivos o culturales", según ha detallado Santiago.
Respecto al valor probatorio de las declaraciones de los agentes de autoridad, la norma dejará claro que "los hechos consignados deben guardar lógica, coherencia y razonabilidad".
Animales, categoría protegida
Por otra parte, la nueva ley contemplará como categoría protegida, además de a personas y bienes, a los animales, en consonancia con las modificaciones legislativas relativas a la protección de los animales llevadas a cabo esta legislatura.
La introducción de un "mecanismo de protección a todos los actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual" ha sido otro de los puntos introducidos este jueves, así como una cláusula para incluir técnicas de mediación de resolución alternativa de conflictos en la formación de los agentes.
La ley también recoge ya una disposición sobre transparencia para que el Ministerio del Interior informe periódicamente de las actuaciones policiales y del alcance social de la aplicación de la norma.
El también diputado de IU ha destacado que se ha seguido profundizando en la creación de normas que impulsen la reparación del daño causado como la sustitución de indemnizaciones por trabajos comunitarios y por mecanismos de conciliación y la sustitución de sanciones en general.
Además del acuerdo para ajustar las sanciones a la capacidad económica de los infractores, Santiago ha apuntado que se podrán fraccionar pagos y que se extenderán a personas de todas las edades determinadas actividades reparadoras ahora previstas sólo para jóvenes.
Santiago ha admitido que a Unidas Podemos le habría gustado "ir más allá en muchas cosas" como asume que le ocurre a otros partidos, pero se ha congratulado de la orientación general que tendrá la reforma, incidiendo en que servirá para garantizar el ejercicio de derechos y no para restringirlos.
Menos optimista se ha mostrado a la salida de ponencia, el portavoz de Interior de Bildu Jon Iñarritu, quien ha recordado que sigue sin haber acuerdo sobre los artículos "más lesivos" de la norma que el PP aprobó con su mayoría absoluta en 2015.
En estos puntos, asegura, el PSOE y Unidas Podemos han rehusado las últimas semanas a buscar acuerdos: "No hay acuerdo alguno y ah
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