El Servicio Marítimo de la Benemérita amplía sus instalaciones y su dotación en Tarragona en plena campaña de Mossos por hacerse con el control costero
Los desaires del Gobierno catalán usando como arma arrojadiza a los Mossos d’Esquadra es algo a lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan tiempo acostumbrados a vivir en Cataluña. Poco a poco el papel de los Mossos ha ido creciendo, marginando al resto de cuerpos como la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero hace sólo unas horas han sido precisamente estos los que han marcado un territorio innegociable al que la policía catalana pretendía acercarse: el control policial de las aguas costeras catalanas.
Y es que en el final del anterior párrafo está incluido el error de base que comete el Gobierno de Cataluña al tratar de aspirar a controlar policialmente esas aguas. Se trata de aguas territoriales españolas sobre las que debe tener control como Policía Judicial la Guardia Civil y en el caso de que otro cuerpo policial pretendiera operar en ellas, como es la aspiración de los Mossos, sería como fuerza de apoyo y en todo caso para labores estrictamente administrativas. Para que todo el mundo lo comprenda: la Guardia Civil se ocuparía de operaciones relacionadas con el narcotráfico, por ejemplo, y los Mossos quedarían para revisar títulos de patrones de embarcaciones o confirmar que la documentación obligatoria esté en regla.
Esto que a priori parece sencillo de entender ha requerido una puesta en escena en Tarragona en la que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, la delegada del Gobierno en Cataluña, Eugènia Gay, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, se han unido para inaugurar 2.000 metros cuadrados de
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