La Generalitat, por vía de urgencia y sin argumentos, crea un fondo para altos cargos independentistas mientras limita la asistencia jurídica a los Mossos y relega a los empleados públicos
El decreto ley que regula el controvertido fondo creado por el Govern para pagar las fianzas de los dirigentes investigados por el Tribunal de Cuentas se publicó ayer en Diario Oficial de la Generalitat [se puede leer en este enlace]. Una medida que, según admite el presidente Pere Aragonès, no tiene precedentes. La vía de urgencia utilizada y la falta de justificación de los intereses generales que supuestamente se deben proteger, explican fuentes jurídicas a Crónica Global, muestran un doble rasero en la protección de los funcionarios de la Generalitat.
La selectiva asistencia jurídica dada a los Mossos d’Esquadra, ajustada a los intereses de los Comités de Defensa de la República (CDR) y la CUP, o las decenas de empleados públicos que se han tenido que pagar procedimientos judiciales de su bolsillo, son un ejemplo de esa arbitraria actuación de la Generalitat. El artículo 86 de la Constitución deja muy claro que los decretos ley sólo se podrán utilizar como técnica legislativa en casos de "extraordinaria y urgente necesidad”, derivada
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