La Dirección General prepara un canal para comunicar infracciones penales o administrativas graves, y otro para informar de comportamientos que perjudiquen la imagen del cuerpo
La Guardia Civil se ha visto salpicada en los últimos años, especialmente en 2023, por varios escándalos de presunta corrupción que están siendo investigados en distintos juzgados.
Cabe destacar el llamado ‘caso cuarteles’, sobre posibles irregularidades en contratos de obras; la ‘Operación Grapa’, sobre una presunta red de sobornos de empresas de uniformes a mandos de la Guardia Civil, a cambio de adjudicaciones de contratos; incluso relaciones con la trama del ‘caso Mediador’ que gira en torno al socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como ‘Tito Berni’.
La detención, en unos casos, y la investigación judicial en otros, de tenientes coroneles, coroneles, generales de división y hasta un teniente general han extendido la mancha de la sospecha sobre la Guardia Civil, donde aún se recuerdan las irregularidades que acabaron con un director general, Luis Roldán, fugado de España y posteriormente en la cárcel.
Como reacción a todos los casos antes citados, se anunciaron una serie de medidas para reforzar los controles internos en la Guardia Civil, y endurecer las exigencias éticas y de conducta de sus miembros.
En mayo de 2023 se publicó que el Ministerio del Interior había ordenado acelerar los trámites para que la Dirección General de la Guardia Civil fuera una de las primeras instituciones de la Administración General del Estado e
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