Los guardias civiles estamos expectantes ante el retraso de la publicación de la oferta de empleo público para la Guardia Civil, a la que se le ha cruzado en el camino la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones anticipadas que, parece haber acaparado la dedicación de nuestros dirigentes políticos.
Una convocatoria tardía de la oferta de empleo para la Guardia Civil provocará un retraso en cadena: retraso en el proceso de oposición, retraso en el inicio y finalización de formación y, en consecuencia, retraso en la incorporación al servicio de los nuevos guardias civiles.
La situación de las plantillas es tan crítica que la Guardia Civil se ha visto en la necesidad de solicitar, además de oferta correspondiente a la tasa de reposición, 1.000 efectivos adicionales. La situación actual lleva a que en muchos casos solo sea posible componer una patrulla uniendo efectivos de dos acuartelamientos distintos, y esto se verá agravado si no se aprueba una oferta de empleo suficiente y lo antes posible. La falta de personal afecta directamente a la capacidad de respuesta y por tanto a la seguridad ciudadana, con aspectos tan sensibles como la protección de las víctimas de violencia de género.
Es necesario entender que las Fuerzas de Seguridad, a diferencia de otros servicios públicos, no pueden acudir al mercado de trabajo a contratar personal. Por ejemplo, si un colegio necesita profesores o un hospital necesita enfermeros, solo tiene que acudir al mercado de trabajo y contratar profesionales como interinos, con la posibilidad de ponerlos a trabajar al día siguiente. La Guardia Civil no puede contratar guardias civiles y ponerlos a trabajar al día siguiente porque su personal debe ser formado en academias donde se les dota de una formación específica que, a diferencia de otras profesiones como las citadas que se obtiene en centros públicos o privados, la formación para formar parte de la Guardia Civil solo se obtiene en nuestros centros. Los guardias civiles que comenzamos a formar hoy son los que comenzarán a trabajar como profesionales dentro de dos años, por lo que ignorar esta situación y retrasar la oferta de empleo podría tener consecuencias catastróficas para la seguridad.
Es importante recordar, e insistimos, que la oferta de empleo público no solo es una necesidad imperante, sino también una obligación del gobierno, sin que la disolución de las Cortes justifique que el gobierno descuide esta responsabilidad al no existir impedimento legal para su aprobación y puesta en marcha del proceso de oposición para ingresar en el Cuerpo.
Madrid, 14 de junio de 2023
UNIÓN DE OFICIALES GUARDIA CIVIL PROFESIONAL
https://www.unionoficiales.org/index.php?mod=noticias¬icia=3067
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