La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha anulado la condena de 9 meses de suspensión de empleo y sueldo a un sargento 1º de la guardia civil que fue sancionado por obtener pruebas de forma ilícita para abrir parte disciplinario a una compañera. Ha sido absuelto por caducidad del expediente.
La sentencia 12/2023 de 14 de febrero ha sido dictada por los magistrados Jacobo Barja de Quiroga, Fernando Pignatelli, Clara Martínez de Careaga, José Alberto Fernández y Fernando Marín.
Se le impuso la sanción como autor de una falta muy grave prevista en el artículo 7 de la Ley Orgánica 12/2007 de 22 de octubre del régimen disciplinario de la Guardia Civil. Consiste en «el abuso de atribuciones que cause grave daño a los subordinados». Además, también le separaron del destino durante un periodo de dos años.
El encargado de defender al sargento ha sido el abogado Fernando Castellanos, director del servicio jurídico de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC). El caso se juzgó primero en el Tribunal Militar Central.
VEHÍCULOS POLICIALES PARA FINES PARTICULARES
Pues bien, el sargento 1º, destinado en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Guipúzcoa emitió un parte disciplinario contra la cabo 1º, perteneciente a su misma Unidad, porque ésta había utilizado presuntamente vehículos policiales para fines particulares en dos ocasiones.
El sargento decía que tenía unas imágenes sobre ello, por lo que le pidieron que justificase cuál había sido el proceso que había utilizado para obtenerlas con el objetivo de estudiar la legalidad de su acción.
Por lo que aportó un informe escrito en el que manifestó que todas las pruebas obtenidas eran legales y dos hojas en las que se apreciaban dos fotogramas procedentes de las cámaras de vigilancia de un parking de San Sebastián.
SE DESPLAZÓ AL PARKING PARA SOLICITAR VERBALMENTE LAS PRUEBAS
En una de las imágenes se observaba la presencia de un vehículo oficial del Cuerpo entrando y saliendo del parking en la madrugada del 24 al 25 de enero de 2020 y, en otra, se veía a una persona de espaldas junto a un cajero del aparcamiento. También aportó una copia de un ticket de entrada y pago de la estancia del vehículo.
A consecuencia de la documentación aportada, se acordó la inadmisión de las pruebas por si pudieran ser constitutivas de una infracción disciplinaria por parte del suboficial.
Pues el sargento se desplazó al aparcamiento para solicitar verbalmente al gerente dicha información, identificándose como miembro de la Policía Judicial de la Guardia Civil exhibiendo su placa.
El gerente le dijo que, en aplicación de la normativa vigente sobre protección de datos, no le podía entregar tal información, por lo que un día despu
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