El caso del policía infiltrado entre los movimientos antisistema de Barcelona ha provocado una cascada de reacciones.
El agente ha sido denunciado por cinco activistas con las que mantuvo relaciones «sexoafectivas» libres y consentidas.
Las separatistas, sin embargo, apuntan hasta cuatro delitos en su querella: abusos sexuales continuados, descubrimiento de secretos, impedimento del ejercicio de los derechos civiles e incluso tortura. En total, sumarían una veintena de supuestos delitos, ya que cada una de las afectadas se ha querellado por los cuatro mencionados previamente.
Las abogadas que representan a las demandantes no descartan, además, que pueda ampliarse el número de afectadas.
Las independentistas sostienen que la infiltración del agente supone «violencia sexual institucionalizada», alegando que habría utilizado las relaciones con ellas «para acceder a sus informaciones íntimas, personales y políticas» para desarrollar su labor policial.
Alegan, además, que «no puede haber consentimiento si no es libre e informado» y que, en el caso de haber sabido que se trataba de un agente de policía, no habrían mantenido relaciones con él.
Sobre el delito más llamativo del que le acusan, tortura, señalan que se ha atentado «de manera directa contra la integridad moral» para conseguir información y con el fin de «castigar a estas mujeres por tener una implicación política», según las abogadas. En cuanto
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