Los agentes consideran que la decisión del Supremo sobre los casos de los coroneles Sánchez Corbí y Pérez de los Cobos abre las puertas a ceses sin justificar cuando incomoden sus pesquisas
El caso de los coroneles Manuel Sánchez Corbí y Diego Pérez de los Cobos, cesados en sus cargos por el ministro Fernando Grande-Marlaska, ha llegado hasta el Tribunal Supremo. El recorrido judicial ha levantado una polvareda en el seno de la Guardia Civil; no sólo por la ascendencia que los dos mandos tenían en la Unidad Central Operativa (UCO) y en la Comandancia de Madrid, respectivamente, sino por el sentido de una sentencia que fijará un criterio sobre los puestos de libre designación en el Instituto Armado. Cerca de 4.000 agentes que entre sus funciones asumen la investigación sobre la corrupción política están en la misma situación administrativa. Y temen que sus puestos estén sujeto
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