El ex subcomisario José Amedo Fouce sigue a la espera desde marzo pasado a que el Gobierno Vasco le conteste a su solicitud de la condición de víctima “de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política” por parte de ETA.
Esa formalidad le otorgaría, además del reconocimiento de ser uno de los damnificados por los estragos de la banda terrorista, la entrega de una indemnización económica, según contempla el texto de la ley vasca 12/2016 del 28 de julio. Pero el Gobierno de Ajuaria Enea pretende dejar fuera de la ley a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuyos derechos también fueron pisoteados por la banda asesina, mientras sí reparten las ayudas entre militantes y ex colaboradores de ETA, entre otros perjudicados.
La normativa vasca incluye a los ciudadanos que vieron vulnerados sus derechos desde abril de 1978 hasta el 31 de diciembre de 1999 y se centra principalmente en los ciudadanos vascos que sufrieron malos tratos o torturas por agentes de la Policía o la Guardia Civil. En ese periodo, José Amedo, que el silencio admin
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