Las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial de la Guardia Civil detuvieron en 2014 a los compañeros de la especialidad de tráfico por presuntamente haber solicitado dinero a un empresario de grúas. Tras un largo proceso judicial, la Audiencia Provincial de Cádiz y el Juzgado de Instrucción desestimaron la denuncia en 2022 ante la ausencia de indicios y de elementos probatorios
El calvario de un Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Jerez y de un Cabo primero de la Plana Mayor del Subsector de Tráfico de Cádiz comenzaba un 14 de mayo de 2014. Ambos fueron detenidos por varios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial de la Guardia Civil (UOPJ); desconocían que el proceso se alargaría durante ocho años. Su carrera profesional y su vida personal quedaron truncadas para ambos.
El agente destinado en Jerez estaba participando en una clase colectiva en un gimnasio. Sería un día normal de mayo, como cualquier otro. Sólo aparentemente. Todavía era primera hora de la mañana cuando la UOPJ irrumpió para detenerle en presencia de todos los usuarios del aula. Le trasladaron a la sede de la Comandancia de Cádiz. Este fue el mismo destino de un Cabo primero de la Plana Mayor del Subsector de Tráfico de Cádiz.
Él estaba de servicio en la propia Comandancia de Cádiz, preparado junto a otros Guardias Civiles para participar en el desfile conmemorativo de la fundación del Cuerpo. Con su uniformidad acorde a la circunstancia, vio como miembros de la UOPJ se dirigían hacia él. Le detuvieron también con la presencia de otra gente, en esta ocasión eran sus propios compañeros.
La forma en que se produjeron las detenciones supone un gran desprestigio y humillación para ambos.
Una vez dentro de la sede de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el efectivo del Destacamento de Tráfico de Jerez y el Cabo primero de la Plana Mayor del Subsector de Tráfico de Cádiz recibieron la noticia: Estaban denunciados por solicitar dinero, presuntamente, a un empresario de grúas. No les aportaron más información. Tras cumplimentar la lectura de derechos y la toma de declaración, los compañeros fueron trasladados al Juzgado de guardia de Chiclana de la Frontera. Allí, permanecieron en los calabozos hasta que pasaron a disposición judicial. Después de declarar quedaron en libertad provisional con obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado. Dicho estigma se mantuvo durante casi cuatro años.
La Guardia Civil también tomó unas decisiones de forma inmediata: Abrieron un expediente disciplinario a ambos compañeros –la causa penal por los mismos hechos estaban en trámite, por lo que el expediente quedó suspendido-, se les cesó en sus destinos y también en el ejercicio de sus funciones durante tres meses. Esto último como medida cautelar. Además, el Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Jerez tenía adjudicado un pabellón y se le privó del uso del mismo.
Desde este momento, sus carreras profesionales quedaron truncadas. Sin posibilidad de ascensos, cursos ni gratificaciones de permanencia, entre otros.
La instrucción del procedimiento judicial se ha alargado casi ocho años
Durante los casi dos años que duró la instrucción del procedimiento judicial, los propios Guardias Civiles tuvieron que demostrar la infundada imputación contenida en la investigación de la UOPJ. La popia Fiscalía solicitó al Juzgado de Instrucción el sobreseimiento de las actuaciones y el archivo de la causa tras la instrucción. Las numerosas diligencias de instrucción generaron un desgaste personal y emocional sobre los dos compañeros.
Cuando se dictó el auto de sobreseimiento el día 28 de octubre de 2021, se destacó la ausencia de elementos probatorios para sostener una acusación contra los Guardias Civiles. Fueron denuncias basadas en meras conjeturas. Además, uno de los denunciantes de los efectivos de tráfico, personados como acusación popular, sostuvo que se formuló una denuncia de tráfico en su contra. También se demostró que aquello no era cierto. La acusación particular recurrió en apelación el auto y lo hizo ante la Audiencia Provincial de Cádiz. El organismo procedió a desestimarlo el dos de marzo de 2022 y confirmó la resolución de sobreseimiento, dadas las razones de fondo. Al igual que el Juzgado de Instrucción, dictaminó que no había indicios que sostuvieran esta acusación contra los dos agentes.
Esto significó el final del calvario para los Guardias Civiles, pero la dilatada instrucción ha causado un gran desgaste que les ha dejado huella. Durante ocho años, se han visto señalados por los mandos y por sus compañeros, han sido tratados como delincuentes, han tenido que trasladarse a destinos alejados, su vida familiar ha quedado afectada y no han podido promocionar en su carrera profesional
Debe exigirse una mayor pulcritud a la hora de efectuar las investigaciones. Las conjeturas, especulaciones y las acusaciones infundadas no deben tener cabida. Está en juego la honorabilidad, el prestigio y el desarrollo vital de los compañeros. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles esperamos que estos hechos no vuelvan a repetirse.
No hay comentarios:
Publicar un comentario