Delia Losa ha asegurado que “la intención es seguir adelante” para lograr la unificación de las Comandancias de Oviedo y Gijón a pesar de que el Supremo declaró su nulidad mediante la estimación del recurso interpuesto por la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Sus palabras reflejan un ninguneo hacia los Representantes asociativos y hacia los agentes
El Consejo de Ministros aprobó la unificación de las Comandancias de Oviedo y Gijón el pasado 24 de agosto de 2021. Lo hizo sin tener en cuenta al Consejo de la Guardia Civil que, entre otros, integran las Asociaciones Profesionales. Es una cuestión que afecta a los aspectos sociales, profesionales y económicos de los miembros del Instituto Armado, pero el Consejo de Ministros ni tan siquiera realizó una consulta previa. El argumento que utilizó el Abogado del Estado para defender la actuación fue calificado como “insatisfactorio” por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal, quien declaró nula la fusión de las Comandancias ante la falta de este trámite preceptivo. Pese a la sentencia, la Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, ha anunciado que “la intención es seguir adelante”.
La Delegada ha reconocido que el fallo “trastoca los tiempos y los plazos previstos para los planes de unificación”, pero que los efectos del mismo “no son excesivamente perjudiciales”, por lo que “el Gobierno revisará lo que el Tribunal Supremo entendió que no se había cumplido, que es más bien un defecto de forma en el procedimiento”. Las declaraciones de Losa tratan de simplificar gravemente la sentencia. Más cuando no es la primera vez que se intenta ningunear a las Asociaciones Representativas y al propio Consejo de la Guardia Civil. El Ministerio del Interior no reconoce que los representantes de los trabajadores tengan cabida en el seno del Consejo ni contempla la importancia de nuestro trabajo. Recordamos que si formamos parte de este órgano colegiado es porque así lo han decidido los Guardias Civiles en las urnas. Para que defendamos los derechos profesionales, sociales y económicos de los compañeros y sus familias ante situaciones de estas características.
El “trámite” al que se refiere la Delegada del Gobierno de Asturias es de obligado cumplimiento. No procede que los cargos políticos le resten importancia a esta la falta de consideración. Como Guardias Civiles que defendemos a los agentes del Cuerpo y con representación dentro del Consejo, nuestra voz debe contar: Son cuestiones que afectan directamente a los miembros del Instituto Armado. Por mucho que se quiera hacer ver que la unificación de las Comandancias de Gijón y Oviedo únicamente afectará a la “organización interna de tipo administrativo”, realmente los efectivos resultarán agraviados.
El sentido de esta sentencia se repite de nuevo y refleja que la pretensión de Losa de simplificar la situación está alejada de la realidad. Hace diez años, en 2012, el Tribunal Supremo daba la razón a la Asociación Unificada de Guardias Civiles y anulaba el Real Decreto 1370/2009 recordando en la sentencia el sentido del Consejo de la Guardia Civil. En 2014, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dejaba muy clara la postura que también recoge la reciente sentencia del Supremo. Han sido muchas las sentencias de diversos Tribunales y son numerosas las veces que se han dictaminado fallos en favor a esta Asociación para anular normas que no pasaron previamente por el Consejo.
Hoy asistimos una vez más a otro ninguneo hacia los Representantes y hacia el propio Consejo de la Guardia Civil. Seguiremos recurriendo a los tribunales si esta es la forma de que se nos respete.
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