El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han pedido al Ministerio del Interior que encargue una nueva auditoría que, «con total transparencia», permita corregir las «desigualdades» retributivas que aún se mantienen con las policías autonómicas y se alcance la equiparación salarial total.
Antonio Salvador
Así lo plantean las dos organizaciones en una carta enviada este jueves al ministro Grande-Marlaska, al que exigen que cumpla con todas las cláusulas incluidas en el acuerdo firmado en marzo de 2018. Por ahora, la ejecución de ese compromiso ha consistido en el pago de 807 millones de euros para recortar la brecha, pero quedan varios aspectos por materializarse.
Como el resto de sindicatos y asociaciones profesionales firmantes del acuerdo, el SUP y la AUGC no dan por válido el estudio encargado a la consultora Ernst&Young Abogados, puesto que -como esta consultora reconoció- no había podido tener acceso a los datos de la Policía de la Generalitat al negarse el Govern a facilitarlos. El objetivo era realizar una comparación puesto a puesto y de las retribuciones entre mossos y policías y guardias civiles para poder determinar las diferencias existentes, de lo que dependería la cantidad final a desembolsar.
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Este diario informó de que el equipo que dirige Grande-Marlaska obligó a Ernst&Young Abogados a que ciñera su trabajo a los 807 millones de euros comprometidos inicialmente por Interior. Esa exigencia va en contra del espíritu y de la letra del acuerdo de equiparación salarial, cuya cláusula primera recogía el compromiso de la Secretaría de Estado de Seguridad de aceptar las «correcciones» que pudiera formular la consultora si su análisis determinaba que la citada cantidad de dinero era insuficiente para alcanzar la igualdad retributiva «total y absoluta».
«Debe existir una equiparación salarial total y absoluta con las policías autonómicas y, para lograrlo, se debe analizar puesto a puesto de trabajo en cada uno de los catálogos existentes entre cuerpos policiales. Además, habría que inyectar la cantidad económica necesaria para lograr la equiparación total, sin tener en cuenta diversos conceptos que no forman parte de la masa salarial», defienden.
Un informe «fabricado»
Que no tuviera libertad Ernst&Young Abogados para realizar su estudio comparativo no es el único incumplimiento. El acuerdo establecía también que los técnicos de los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil podrían participar en la elaboración de dicho trabajo, posibilidad que tampoco se les ha dado y que ahora vuelven a reclamar.
«Exigimos la realización de una nueva auditoría con total transparencia para corregir las desigualdades salariales entre todos los cuerpos policiales y que ese estudio cuente con la participación real de los sindicatos y asociaciones como así lo establece el acuerdo de equiparación vigente», exponen el SUP y la AUGC en la misiva enviada al titular de Interior. Las dos organizaciones creen que el informe de Ernst&Young, por el que se pagó 120.516 euros, «parece fabricado para encajar con la postura del Gobierno en la negociación por la equiparación».
Los policías nacionales y guardias civiles reconocen que el desembolso de los tres pagos -llevados a cabo entre 2018 y 2020- les ha permitido incrementar en unos 560 euros mensuales de media sus nóminas, si bien consideran que la equiparación salarial con mossos y ertzainas aún no se ha consumado. Interior, por su parte, no ha realizado ningún movimiento que permita intuir su voluntad de cumplir
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