Lo urgente ahora es aclarar quiénes y cómo deben pagar por lo que a todas luces parece la invitación a un régimen adversario de Europa y de la Alianza Atlántica a que ayude a romper el marco constitucional español
La revelación por parte del diario 'The New York Times' de que en 2019 un consejero del expresidente catalán Carles Puigdemont viajó a Moscú para tratar de garantizar la ayuda de Rusia en la separación de Cataluña del resto de España ha logrado la atención debida porque la información emana de un informe de la inteligencia europea, elaborado además en junio de 2020. Es decir, esto significa primero que la inteligencia europea —se entiende que el Centro de Inteligencia y de Situación de la Unión Europea o un servicio similar— sigue de cerca la deriva internacional de los mandamases del procés hacia un régimen iliberal y autocrático, y segundo, que estos líderes han seguido empeñados en seguir esa vía aun después de las múltiples informaciones publicadas en ese diario y otros sobre esos descarados ofrecimientos a Rusia.
Pero lo importante de esta cuestión, sin embargo, ya no es si Puigdemont y los suyos de verdad pensaron que Rusia les ayudaría en su ofensiva independentista y buscaron vías de contacto. De eso ya no cabe duda. Documentadas están las visitas de varios emisarios, incluido el empresario Oriol Soler, a Moscú. Lo urgente ahora es aclarar quiénes y cómo deben pagar por lo que a todas luces parece la invitación a un régimen adversario de Europa y de la Alianza Atlántica a que ayude a romper el marco constitucional español consumando la ruptura de España, hecho todo esto al parecer mediante la malversación de fondos públicos, pues los independentistas han estado y están en el poder. El hecho de que, obviamente, los emisarios independentistas no consiguieran su objetivo no les exi
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