Desde 2017, año en el que se agravó la situación en Cataluña debido al independentismo anticonstitucional, ha habido una sangría de bajas en el Cuerpo.
El año pasado 800 agentes abandonaron la comunidad autónoma catalana y se prevé que cuando acabe este año la suma de bajas en 24 meses sea de 1.700 agentes menos.
Es muy difícil de entender por qué en uno de los territorios más importantes de España, Cataluña, con más de 7,5 millones de habitantes, sólo haya 3.500 agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Y la cifra decrece, ya que la gestión del Cuerpo en Cataluña por parte del Ministerio del Interior se basa en el sacrificio de los agentes de Policía y sus familias allí destinados que sufren a diario el hostigamiento y la marginación independentista sin que el ministro Fernando Grande-Marlaska mueva un dedo por cambiar la situación. La previsión dice que entre los años 2020 y 2021, un total de 1.700 policías nacionales habrán decidido irse de Cataluña.
En España, tradicionalmente ha habido territorios en los que el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido más complicado que en otros. Le sucedió a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en el País Vasco, sobre todo en la peor época del terrorismo de ETA. Tan dura fue la situación que el territorio recibió la calificación policial de «especial singularidad».
Eso implica que quienes trabajen allí representando a cuerpos policiales nacionales están especialmente amparados por las instituciones. Y lo están desde varios puntos de vista. Reciben un plus económico, una mayor flexibilidad laboral y respaldo institucional. Una serie de medidas para hacer más llevadero un servicio especialmente difícil.
Lo mismo se reclama desde hace muchos años para los territorios fronterizos del Campo de Gibraltar, un lugar en permanente guerra contra el narcotráfico desde donde llegan, día sí y día también, noticias de escaramuzas, tiroteos, persecuciones e intentos de atropellos a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado literalmente acorralados por los narcos.
Pero tanto en el País Vasco como en el Campo de Gibraltar, los enemigos de los policías fueron y son delincuentes. En Cataluña el enemigo es el independentismo que acosa, hostiga y persigue cualquier uniforme que lleve la bandera de España. Y eso está teniendo consecuencias muy graves que el máximo responsable de las policías españolas está dejando pasar sin mover un dedo.
El Sindicato Unificado de Policía denuncia que en apenas dos años habrá 1.700 policías menos en Cataluña. En 2020 se fueron 800 y la previsión es que en 2021 se vayan 900 agentes más. Cuando acabe el presente año habrá 3.500 agentes de policías en un territorio de más de 7,5 millones de habitantes. El acoso sufrido por estos cuerpos tiene varios niveles, desde el ciudadano, el más visible, hasta el institucional, el más dañino.
Acosados por el separatismo
En Cataluña los policías y guardias civiles, y lo que es peor, sus familias, sus hijos, son literalmente marcados por el independentismo, y ese acoso llega a sus lugares de trabajo, al ocio y a los colegios. Los ejemplos más visibles se han vivido en centros escolares en los que se ha llegado a pedir a los estudiantes actos que reprocharan «la violencia ejercida por las fuerzas de ocupación» habiendo niños en esas aulas, hijos e hijas de las FCSE.
Todo esto ha venido ocurriendo y se ha agravado con la complicidad y el apoyo de los Gobiernos separatistas, que sólo quieren una Policía en Cataluña, la suya, los Mossos. Esos gobernantes son los responsables de las acciones, pero el Ministerio del Interior lo es igualmente por la omisión de su deber de proteger a sus agentes.
Por eso el SUP, ante la sangría de peticiones de traslado que se está produciendo en el Cuerpo, de hasta un 50% en algunas escalas, reivindican que se declare Cataluña como Territorio de Especial Singularidad. Según ellos esto ayudaría a «frenar la situación de desamparo institucional que sufren nuestros compañeros allí destinados. Un día sí y otro también, los policías destinados en esa comunidad y sus familias sufren el acoso independentista y en ocasiones hasta situaciones discriminatorias por parte de los poderes locales y autonómicos que deberían velar por el interés de todos los ciudadanos».
Habrá quien piense que el policía que no quiera estar en Cataluña que se vaya y punto. OKDIARIO entrevistó hace unas semanas a un agente de la Unidad de Intervención Policial destinado en Cataluña a propósito de los graves incidentes ocurridos tras el encarcelamiento de Pablo Hasél, el rapero condenado por múltiples delitos.
El agente dejó un mensaje demoledor: «Lo que Interior no entiende, y por lo visto el ministro tam
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