La asociación Jucil estudia otros veinte casos de agentes condecorados por morir en acto de servicio que podrían demandar el pago retroactivo del trámite de sus expedientes
Jorge García Badía
Cada vez que José Manuel tenía que patrullar la Comarca de la Vega, su mujer, Raquel, siempre se despedía igual: ‘Buen servicio, ten cuidado’. En las horas previas a la madrugada del 15 de octubre de 2018, fue la última vez que Raquel pronunció esa frase: aquella noche su marido murió de un disparo en acto de servicio. El martes 16, la Catedral de Granada acogió el entierro multitudinario de este agente, con la asistencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En el sepelio se le impuso la Cruz de la Orden al Mérito de la Guardia Civil -con distintivo rojo-, pero la pensión que incluye tal condecoración a título póstumo no se hizo efectiva hasta diciembre de 2019.
“El dinero se lo metieron en el bolsillo durante más de quince meses”, critica Raquel, viuda del guardia civil José Manuel Arcos Sánchez al que le quitó la vida el ‘Kiki’: un delincuente con un abultado historial de robos (27) y hurtos (8). “Las pensiones por este tipo de medallas se debían pagar desde que se conceden, no cuando les dá la gana de firmar el expediente”, reflexiona esta granadina, de 47 años, nieta, hija y esposa de miembros que han servido en el Instituto Armado.
En la Guardia Civil nunca me han dejado sola”, afirma con rotundidad y agradecimiento Raquel. No puede decir lo mismo de los políticos que en aquellos días de dolor se arremolinaron a su alrededor y luego desaparecieron. “Las fotos de postureo no me sirvieron de nada”.
Las duras palabras de esta mujer se deben a que el ministro no firmó hasta el 10 de diciembre de 2019 la resolución que le concedía la citada condecoración al difunto José Manuel. Tal demora perjudicó a Raquel y a sus dos hijos porque durante la tramitación del expediente no cobraron un sólo euro por la contraprestación mensual que incluía esa medalla.
Es incongruente que al agente le impusieran la medalla durante su funeral y que la pensión que lleva aparejada no se le pagasen a su viuda hasta pasados quince meses”, admite el secretario provincial de Jucil en Granada, José Castro. Y no habla en vano porque en función de su antigüedad, a la mujer del fallecido le correspondían 300 euros al mes que se habrían sumado a la pensión de viudedad. “Perdió 4.500 euros por el restraso del trámite administrativo”.
Raquel no sabía que podía reclamar ese dinero ni tampoco se lo planteó. Bastante tenía con convivir con el dolor que le causó la pérdida de su marido y el estrés del proceso judicial contra la persona que lo mató. “La vida de una viuda de un guardia civil es estar hecha pedazos”, zanja con vehemencia.
En enero de 2020, Raquel acudió a la Comandancia de Granada a presentar una fe de vida para cobrar la pensión que incluye la condecoración póstuma de su marido. Al secretario de Jucil le extrañó que realizase ese trámite después de tanto tiempo y descubrió la dilación que sufrió el expediente del agente Arcos.
De inmediato, desde la Asociación Justicia Civil contactaron con la viuda. “En Jucil me dieron la posibilidad de reclamar con carácter retroactivo las mensualidades que no cobré por el retraso del expediente y acepté, pero no lo hice por el dinero, sino porque mi caso podría abrir la puerta a que otras viudas en mi misma situación reclamasen”, subraya Raquel.
“A mí me destrozaron mi familia y
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