"Es una falta de respeto a los profesionales que escoltan a los dirigentes de ese partido y los protegen sus domicilios", denuncia SUP, en referencia a la vigilancia que realizan en los alrededores de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha mostrado este lunes su rechazo hacia esta PNL por considerar que se trata de «ataque gratuito e injustificado» del diputado a la Policía Nacional. Protesta además ante una «nueva falta de respeto a los profesionales de la seguridad pública», que son quienes «escoltan a los dirigentes de ese partido y protegen sus domicilios, sin que hayan prescindido de ese servicio siguiendo esa desconfianza que muestra el diputado Santiago en su propuesta», señalan, en referencia a la vigilancia que realizan en los alrededores de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero. «Es un ataque más de los que estamos recibiendo por parte de sectores de esta sociedad y por parte de grupos políticos, que son ataques directos en los que intentan sacarnos los colores diciendo que nuestra forma de actuar no está conforme a la legalidad», declara para El Independiente Carlos Morales, portavoz nacional de SUP.
En la misma línea, la Confederación Española de Policía (CEP) ha condenado a través de su cuenta de Twitter esta iniciativa: «Te juegas la vida a diario y Podemos presenta una PNL en la que te coloca bajo sospecha, pidiendo investigar usos inadecuados de defensas eléctricas que aún no tenemos». El sindicato ha acompañado este mensaje con el vídeo de los disturbios del 22 de marzo de 2014 en Madrid, en el que se ve a un agente sin casco siendo agredido por los manifestantes. «A ver si con este vídeo hacéis otra PNL para endurecer el tipo penal de atentado», concluyen.
En la PNL, Enrique Santiago ha llamado a excluir el contacto directo con estas pistolas, así como la descarga «reiterada o prolongada». El portavoz de Interior de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida asegura para este periódico que su texto recoge «demandas similares lanzadas por instituciones que tienen más amplia información sobre este tema, entre ellos el Defensor del Pueblo». Carlos Morales asegura que las pistolas eléctricas «solamente se van a utilizar en casos muy, muy, muy extremos», es decir, cuando corra «peligro la vida de terceras personas o nuestra propia vida». «Se tienen que hacer las descargas mínimas e indispensables para la paralización del individuo», insiste.
Por el momento, no se han distribuido los 300 dispositivos que adquirió la Dirección General de la Policía en octubre. Morales opina al respecto que «no se las van a dar a todos los agentes», sino que quienes podrán tener acceso a este arma será «gente que esté cualificada
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