La Confederación Española de Policía (CEP) se ha cansado de esperar a que Fernando Grande-Marlaska haga lo que tiene que hacer: al menos, tener disponibles los uniformes de los policías nacionales para que haya remanentes y no se agoten.
CARLOS CUESTA
Y es que, desde que en julio de 2019, ya con Gobierno socialista, se convocaran ocho concursos para adquirir todo tipo de material de vestir y calzado para la Policía, sólo se han adjudicado dos. Y el resto, con camisas, pantalones, gorras, zapatos y hasta trajes antibacterias, están pendientes de tramitar.
El sindicato de la Policía Nacional CEP ha remitido una carta el 1 de diciembre al presidente del Consejo de Policía. Y en esa misiva detalla un problema que está suponiendo, literalmente, que los uniformes escaseen y que se haya dado orden ya, incluso, por parte del Ministerio de Marlaska de devolver uniformes usados para reasignarlos a otros agentes de Policía.
La carta destaca que «en julio de 2019 la Dirección General de Policía (DGP) convocó licitación para el suministro de diversas prendas de uniformidad reglamentaria para los años 2020, 2021 y 2022 con ocho lotes. El 12.12.2019 adjudicó dos de estos lotes (el de prendas de gala y el de la UIP) y dejó desiertos los otros seis por no ajustarse las muestras a los criterios requeridos por la División Económica y Técnica».
«Prendas básicas»
En concreto, quedaron sin cubrir los relativos a «prendas básicas (anorak, cazadora, pantalón de trabajo y jersey de pico), camisería, prendas de cabeza (gorra de trabajo, de plato, de UIP y de Fronteras) , calzado (zapatos y botas), monos (GEO, GOES, Tedax-NRBQ y chalecos alta visibilidad) y prendas especiales (para moto, Guías Caninos y Caballería)».
La misiva destaca que «aquel expediente de contratación quedó, por tanto, muy afectado por estas circunstancias y eso tiene efectos innegables en las disponibilidades de prendas de uniformidad, incluso para el momento en el que los alumnos de la Escala Básica de la Escuela Nacional de Policía se incorporen al periodo de prácticas en las plantillas en el verano de 2021».
CEP aclara, además, que «la actual prórroga de los Presupuestos Generales del Estado [hay que recordar que los nuevos Presupuestos aún no están en vigor] y la necesidad urgente de lanzar cuanto antes un nuevo contrato de suministro requiere medidas extraordinarias».
Por todo ello, desde el sindicato policial, reclaman la «remisión de este escrito a la División Económica y Técnica para instar la adquisición de nuevos compromisos de gasto a cargo de ejercicios futuros, a aprobar en Consejo de Ministros al amparo del artículo 43 de la Ley 47/2003, de tal forma que se pueda obtener financiación necesaria para licitar el suministro de las prendas de uniformidad en las que haya más carencia y disponer de las prendas necesarias para la incorporación de los alumnos de la ENP de la Escala Básica a su periodo formativo de prácticas en 2021».
Se exige que «se informe a este Vocal por la citada División sobre las prendas que más necesarias son este momento en Policía Nacional [PN] por el déficit de las mismas».
Aprovechamiento de recursos
Hay que recordar que la Dirección General de la Policía (DGP) ha impulsado ya la devolución de uniformes y otro material policial para que puedan tener un segundo uso. El borrador, publicado por OKDIARIO, justificaba el aprovechamiento de recursos en la necesidad de «lograr la mayor optimización posible» en un «marco presupuestario limitado». Y ello, según la DGP, «obliga a hacer un uso lo más racional posible acorde con las necesidades operativas de cada plantilla, así como a realizar una mejor asignación en su distribución, y también a invertir de acuerdo con las necesidades reales».
El texto destacaba el «esfuerzo presupuestario» acometido en los últimos años para la adquisición de equipamiento material, pero señala también que dicho material se debe «amortizar». Por ello, concluía, «resulta necesario establecer una política de devolución y, en su caso, reasignación de los medios materiales de dotación y uso individual, que permita rentabilizar las inversiones realizadas y dotar adecuadamente al personal policial en atención a la especificidad del servicio y funciones que efectivamente realicen, todo ello con los límites presupuestarios en cada momento disponibles».
La obligación se planteó para aquellos agentes que «pasan a una situación distinta a la de un servicio activo» o por «un cambio en la función y cometidos que venían desempeñando».
«Esta resolución tiene por finalidad efectuar un uso eficiente de los recursos económicos disponibles, rentabilizando las inversiones realizadas, y dotar adecuadamente al personal policial en atención a la especificidad del servicio y funciones que efectivamente realiza, gestionando los medios disponibles en cada momento, manteniendo un equilibrio idóneo entre el principio de efi
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