Cuando el Congreso de los Diputados eligió en mayoría -con los votos en contra de PP y Vox- a José Luis Rodríguez Álvarez como presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Pedro Sánchez pensaba que había colocado a un aliado en éste comité independiente que media entre los ciudadanos y las administraciones.Rodríguez Álvarez era un viejo conocido para el socalismo. Jurista y profesor de Derecho Constitucional, en 2004 llegó a la política como jefe de gabinete de Francisco Camaño, entonces ministro de Justicia de Zapatero.
Permaneció con los socialistas las dos legislaturas que estuvieron en el poder. De ahí se marchó a la Agencia de Protección de Datos, donde le ficharon como director. Un puesto que le dio bastante conocimiento de la ley y que le sirvió para demostrar su idoneidad para ser elegido, el pasado octubre, como presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Pablo Casado y Santiago Abascal se opusieron a su nombramiento pues sus nexos con el PSOE, aducían, le impedían ser independiente. Sin embargo, Rodríguez Álvarez se ha convertido en un dolor de cabeza para el Ejecutivo por las decisiones que se toman en su parcela.¿La última? Dar al Gobierno un plazo de diez días para que desvele el nombre de las personas que conforman el 'comité de expertos' sobre el covid. La resolución pilló al equipo de Pedro Sánchez por sorpresa, incluso la vicepresidenta Carmen Calvo se mostró esquiva ante la petición. "Vamos a valorar la resolución. Vamos a estudiarla. La valoraremos y cuando tengamos una decisión tomada la conocerá públicamente todo el mundo", dijo. Al día siguiente, Marisu Montero, portavoz del Gobierno, rectificó en público y aseguró que seguirían el mandato del Consejo de Transparencia y desvelarían los miembros del comité. Aunque también se mostró molesta, pues insistió en que eran funcionarios al mando de Fernando Simón. La obligación de desvelar el nombre del comité de expertos es la última hazaña del Consejo, un órgano que nació en 2014 con vocación de responder a la ciudadanía las preguntas que la administración resolvía en silencio administrativo. Aunque su presidente no ha querido hablar con LOC, desde el departamento de prensa del Consejo explican que dentro trabajan 21 personas, un número similar a 2015, cuando eran 20 los profesionales. Tienen dos subdirecciones de reclamaciones, una en ámbito estatal y otra con las consultas que respectan a las Comunidades Autónomas. Resuelven todos los expedientes porque su vocación es huir del silencio administrativo. Aunque reconocen que un porcentaje se resuelven como "inadmitidas" porque son solicitudes sobre temas en los que no tienen competencias. Los ciudadanos cada vez tienen más interés por la Transparencia, tal y como se ve en la evolución de peticiones. El primer año que estuvo en funcionamiento el Consejo, resolvieron 517. En 2018, último año de Rajoy en el Gobierno, recibieron 1338. A lo largo de 2019, con Pedro Sánchez en el poder, tuvieron 1780 y a fecha del 31 de octubre de 2020 habían recibido 1344.
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