Tras describir los antecedentes y dibujar el escenario en el primer artículo publicado la semana pasada, después de poner sobre la mesa, a través del segundo artículo, abundante jurisprudencia de nuestros tribunales que se pronuncian sobre la discutida “entrevista personal” en los procesos selectivos al Cuerpo Nacional de Policía, llega el momento de darle voz a las partes implicadas y conocer el parecer de los protagonistas.
AUTOR E&J
- En primer lugar, contamos con la opinión de Joaquín Bachrani Reverte, abogado con despacho en Ávila que asumió y sigue dirigiendo decenas de defensas de aspirantes afectados. Como parte y conocedor de primera mano de lo que aquí estamos investigando y denunciando, nos ayuda a esclarecer aún más los hechos:
“Para lograr entender la magnitud del asunto, cuando yo empecé en 2004 o 2005 interponíamos de media de uno o dos recursos en toda España. Hoy en día, tengo una media, por cada convocatoria, de cincuenta recursos contenciosos-administrativos.
De los recursos interpuestos, el 80% se deben a las anomalías sufridas a causa de la entrevista personal y el otro 20% está repartido en reconocimientos médicos de distintos supuestos: traumatológicos, oncológicos, auditivos, discromatopsia (lo que se conoce como daltonismo), etc.
Desde la convocatoria 2004/2005 hasta la fecha de hoy, como letrado de muchos aspirantes, he logrado 426 pronunciamientos judiciales favorables en esta materia. Aun así, todavía tengo sentencias pendientes de dictar de la Promoción XXXIV y XXXV. Igualmente, ya he anunciado 51 nuevos recursos contenciosos-administrativo de la última convocatoria, es decir, fruto de la Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de la Policía, que es la referente a la Promoción XXXVI.
En relación a los 28 afectados de la Promoción XXXII de la que os hacéis eco en los artículos, 17 son de aquí del despacho, con sus nombres y apellidos, y sus historias personales detrás.
Pues bien, declarada la nulidad de sus entrevistas personales, aquellas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del TSJ de Madrid venían a reconocer el derecho de los aspirantes a hacer el test psicotécnico con los mismos criterios y mismos parámetros que su convocatoria de origen. ¿Y qué ocurrió después? Pues se les puso a los afectados un examen psicotécnico brutal. Cuando digo brutal es que aquella prueba fue de una dificultad máxima y extrema. Así, lógicamente, de todos aquellos aspirantes que fueron a hacer el examen, todos suspendieron.
Recuerdo, que yo estaba de vacaciones, me llamó uno de mis clientes y aspirantes y me informó de que todos habían suspendido. Me parecía una broma. Aquello no fue una estrategia legítima. Para mi aquello fue una prevaricación en todos los sentidos, pero claro estamos en sede contencioso-administrativa, no en sede penal.
Luego llegarían las ejecuciones de las sentencias y del Auto del que os hacéis eco en vuestros artículos. En realidad, fueron 28 Autos iguales, pero con distinto nombre. Aquel Auto de enero de 2020 decía, a grandes rasgos, que se han incumplido las 28 sentencias y se reconocía la presencia de una ‘desviación de poder’, es decir, ‘prevaricación administrativa’.
Lo que más me llamó la atención cuando asumí las primeras defensas, era la seguridad o la falsa seguridad que tenía la Dirección General de la Policía de que nadie podía tocar o recurrir una serie de decisiones dentro del proceso selectivo. Por otro lado, desde la cara más positiva del asunto, con el paso de los años lo que más me ha sorprendido ha sido la labor de los Magistrados y la lucha incansable de los aspirantes que recurren, sobre todo la de los pioneros. Es decir, no es lo mismo recurrir con una jurisprudencia sentada y con cierta seguridad, que aquellos primeros clientes que llegaban al despacho que confiaban en la labor del abogado al 100%.
Asimismo, no me puedo olvidar de la cantidad de aspirantes que tengo que decir que no. Esos padres, hermanos, novias que llaman al despacho de cualquier rincón de España que te ofrecen la defensa de su familiar, te envían toda la documentación, te ofrecen pagarte por adelantado y todo ello sin llegar a conocerte físicamente. Soy muy consciente del volumen de asuntos y recursos que puedo asumir anualmente.
¿La solución? Muy sencilla. La entrevista personal donde está situada no es útil ni eficaz. Si por mi fuera, la eliminaba del proceso selectivo y la pondría dentro de la Escuela. ¿Sabes el dinero que nos ahorraríamos los contribuyentes? Cada año entre costas, procedimientos, atrasos, indemnizaciones, la media de gastos que ahí asumimos, no la Policía, sino los contribuyentes, es de cientos de miles de euros.
Se podría contratar a un grupo de psicólogos ajenos a la Policía o incluso, que lo integrase algún miembro del Cuerpo, es decir, que se formase un equipo mixto. Y posteriormente, dentro de la Escuela, se hiciera un seguimiento psicopedagógico de los aspirantes. Allí, después de 6 meses, un año o dos años podrían evaluar con total seguridad, tranquilidad y de forma objetiva, los rasgos de personalidad y las cualidades profesionales que destacan en cualquier persona”.
- En segundo lugar, contamos con Pablo Perez, secretario general de comunicación de JUPOL, con casi 25.000 afiliados, es el sindicato mayoritario representativo del Cuerpo Nacional de Policía:
Pablo Pérez, secretario general de comunicación de JUPOL
“En relación a la primera cuestión que lanzabais en los dos artículos publicados, es decir, por qué cientos de aspirantes llevan años denunciando la falta de transparencia, rigurosidad, motivación y el desconocimiento de los criterios seguidos para superar la entrevista personal, esta es una pregunta que todos nos hacemos. Por ello, hemos solicitado en decenas de ocasiones y escenarios, la grabación de estas polémicas entrevistas para que, de este modo, al menos el opositor tenga una prueba de ésta, consiguiéndose así, además, dar transparencia al proceso.
Lo más grave de esta situación para nosotros es que se ha jugado y se está jugando con el esfuerzo de miles de opositores que se enfrentan a unas pruebas sin saber los criterios que sigue el Tribunal Calificador para valorar las mismas y que año tras año, llevan a la Dirección General de la Policía a los Tribunales por diferentes recursos. Además, observamos como cada vez, con más frecuencia, los Tribunales fallan a favor de los aspirantes, dejando en evidencia, lógicamente, a la propia Dirección General de la Policía y, en concreto, a la División de Formación y Perfeccionamiento.
Respecto a las líneas de actuación que ha tenido y tiene el Sindicato para afrontar este presunto fraude, desde JUPOL y después de estar en contacto con plataformas como, ‘La Voz del Opositor’ entre otras, hemos emprendido las acciones correspondientes para denunciar aquello que creemos que daña la institución de la Policía, ofreciendo esta última una imagen de poca transparencia y oscurantismo. Y todo ello, a pesar de las trabas sufridas por nuestros representantes sindicales para acceder a algunas sedes donde se han realizado, por ejemplo, las pruebas físicas de este mismo año.
Igualmente, hemos realizado diferentes escritos y peticiones a la División de Formación y Perfeccionamiento para subsanar estas deficiencias y, de momento, las respuestas brillan por su ausencia.
Respecto al reconocimiento judicial de la desviación de poder de la que os hacéis eco en vuestros artículos, desde JUPOL instaremos a que se depure cualquier tipo de responsabilidad, incluso penal. Lógicamente, si es verdad que existe una presunta prevaricación, nos tendremos ningún reparo en presentarnos como acusación particular antes tales hechos.
En relación a las soluciones que desde el Sindicato proponemos a toda esta gran controversia, hemos reiterado por escrito en multitud de ocasiones, tanto a la División de Formación y Perfeccionamiento como a la Dirección General de la Policía, la necesidad de mejora y facilitación de medios técnicos. En concreto, además de que las entrevistas sean grabadas, desde JUPOL hemos requerido nuevos avances técnicos para las pruebas físicas: por ejemplo, medir con exactitud a través de un chip reutilizable el tiempo de los aspirantes de las pruebas de resistencia, así como la grabación de las pruebas físicas a causa de los polémicos y subjetivos ejercicios de la fuerza flexora en los brazos (conocidas como dominadas), que dependiendo qué examinador observa tales ejercicios son contados de un modo u otro.
En la misma línea, exigimos también un temario que sea cerrado, para que no quepa lugar a ningún tipo de duda en cuanto a que una academia ha dado unas preguntas y otra academia ha dado otras distintas.
Por último, respecto a qué nos deparará el futuro, desde JUPOL deseamos que tanto la Dirección General de la Policía como la División de Formación y Perfeccionamiento, se den cuenta de que este tema que tratáis en profundidad está causando un poco la sensación de ser el ‘hazmerreir’, sobre todo con la gran cantidad de recursos que en los últimos años aquellas están perdiendo y que los opositores están ganando, evidenciándose así que algo no funciona bien en las oposiciones y que se están repitiendo y no subsanando los errores que se pudieron cometer en el pasado”.
- En tercer lugar, tras intentar en varias ocasiones contar con el obligatorio parecer de algún miembro de la institución de la Dirección General de la Policía, no hemos obtenido respuesta ni pronunciamiento alguno por su parte. A pesar de considerar de interés público su postura y ofrecerles este mismo espacio para participar como el resto de las partes implicadas, el único síntoma de réplica por parte de la Dirección General de la Policía fue un tweet publicado el pasado jueves, fruto quizás de la repercusión social de los dos primeros artículos publicados en este medio, martes y miércoles de la misma semana.
En el citado tweet la Dirección General de la Policía reconocía que “desde el año 2019 las entrevistas personales que se realizan en el proceso selectivo para acceso a la @policia son grabadas. Un ejercicio más de máxima transparencia, fiabilidad y objetividad en las pruebas de acceso y selección de futuros agentes”.
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