Un juzgado de Tortosa imputó a siete personas por comentarios y por difundir en redes la foto de un agente del Instituto Armado que participó en el operativo del 1-O
Mariona Reig, una profesora jubilada de Palafrugell de 70 años y con movilidad reducida investigada por un delito incitación al odio contra un guardia civil, se ha acogido este martes a su derecho de no declarar ante el juez.
Su nombre aparece en una causa que instruye un juzgado de Tortosa donde hay seis personas más investigadas. A ella, en concreto, se le imputa haber hecho un comentario en las redes sociales contra un agente que participó en las cargas del 1-O del 2017.
“Nos quieren dar miedo y sin duda no harán que lo tenga”, ha asegurado hoy al salir de los juzgados de la Bisbal d’Empordà, donde había acudido para declarar por medios telemáticos. Allí se han concentrado unas 50 personas para mostrarle su apoyo.
Su abogada, Montse Vinyets, por su parte, ha afirmado que la causa “no tiene sentido” y ha criticado que se haga un uso “vulgar” del delito de incitación para “perseguir la disidencia política”. “Es un absoluto contrasentido que hoy todavía se incoen diligencias por delitos de odio cuando la persona afectada es un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, ha añadido. “Ese delito estaba pensado para colectivos vulnerables y se está haciendo un uso vulgar y retorcido de la ley”, ha zanjado.
La letrada penalista ha expresado su sorpresa por la cantidad de recursos destinados por la Benemérita en esta investigación, incluso con comisiones rogatorias a Estados Unidos e Irlanda para averiguar la identidad en la red de algunas personas y la titularidad de algunas cuentas.
El origen de la causa tiene que ver con la difusión en redes de la foto de un agente del Instituto Armado que participó en las cargas de Sant Carles de la Ràpita y de Roquetes durante el 1-O.
El uniformado denunció la difusión de su imagen junto con los comentarios que la acompañaban y eso
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