Tras 2 años consecutivos de subidas de los salarios de los funcionarios, en 2021 podría frenarse la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos durante la pasada década, cuando sufrieron un recorte de entre el 5% y el 10% en 2010 y sufrieron una bajada de hasta el 18%, según calcula el sindicado CSIF, en su poder de compra hasta 2018.

Concretamente, el Gobierno estudia incluir la congelación o un alza mínima de sueldos públicos en el proyecto de presupuestos para 2021 que presentará a finales de mes, según avanza El País, que cita a fuentes del Ministerio de Función Pública que aseguran que la ministra Carolina Darias que aún no ha tomado una decisión al respecto.

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La decisión de subir mínimamente o mantener los sueldos públicos se atribuye a la necesidad de cuadrar las cuentas públicas del año próximo, que dependen del acuerdo del Gobierno con varios apoyos parlamentarios y en los que es necesario incluir el coste de las medidas de estímulo contra el impacto del coronavirus, sufragadas en parte con financiación del fondo europeo de reconstrucción.

Además, también se tiene en cuenta el efecto de la pandemia en la evolución de la inflación, que acumula 4 meses consecutivos en cifras negativas y alcanzó el -0,6% en julio, según el último dato del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en el que se reducía 3 décimas en tasa interanual y otras 9 décimas respecto al mes anterior.

De este modo, la inflación negativa permitiría que los funcionarios no pierdan poder adquisitivo a pesar de que sus sueldos no mejoren o lo hagan mínimamente en 2021. No obstante, el Gobierno aún no ha convocado a la mesa de negociación de la función pública para negociar la situación salarial de los funcionarios, según El País, cuando quedan 20 días para que termine el plazo para que entregue su borrador presupuestario.

Ante el desembolso de fondos públicos vinculado a la recuperación del coronavirus, el Gobierno buscaría con esta medida reducir la partida presupuestaria de gasto de personal, que ascendía a 32.000 millones de euros en las cuentas públicas de 2018, que siguen vigentes tras varias prórrogas ante la falta de acuerdo para aprobar unas nuevas.

En caso de que el Ejecutivo opte finalmente por la congelación de los sueldos de los funcionarios, rompería la tendencia de los 2 últimos años, en los que se ejecutaron las subidas salariales acordadas entre los agentes sociales y el anterior Gobierno en 2018 y que significaron un alza del 2,25% en 2019 a la que siguió otra del 2% a comienzos de este año, que mejoraron la subida de un 1,75% en 2018, en un año en el que el IPC superó el 2%.