El Rey Felipe VI no presidirá por primera vez el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que tendrá lugar este viernes en Barcelona. El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido que ha sido su decisión y todo ocurre en plena negociación del Ejecutivo con ERC para lograr los apoyos necesarios a los Presupuestos.
Los jueces se han mostrado disconformes con la decisión de Sánchez y han acordado que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, exponga de forma oficial el enfado que en este órgano y en la carrera judicial en general ha ocasionado el veto del Gobierno al Rey de España.
Según ha adelantado Europa Press, así se ha acordado en la Comisión Permanente de este órgano celebrada este jueves, donde tras discutir sobre la posible redacción de un comunicado institucional sobre este asunto se ha dispuesto finalmente que sea mañana Lesmes el que exponga la posición oficial del órgano de gobierno de los jueces durante su discurso oficial. La decisión ha contado con el voto en contra de los vocales del sector conservador.
Después de la reunión, un grupo de seis vocales, todos ellos designados a propuesta del PP, han hecho pública una declaración conjunta en la que «lamentan profundamente» no contar con la presencia del Rey en el acto de mañana.
La declaración está firmada por María Ángeles Carmona, Nuria Abad, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán. No obstante, en ella no se apunta al Gobierno ni a ninguna otra institución como responsable de la ausencia del Rey en el acto, cuya presencia había sido confirmada inicialmente por la Casa del Rey.
En el documento, los vocales recuerdan que el artículo 117.1 de la Constitución señala que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey, razón por la que era costumbre que los principales actos de la vida judicial española, como son la Apertura del Año Judicial y la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces sean presididos por el monarca.
Añaden que el Poder Judicial español se fundamenta en esta «doble imbricación» (pueblo-rey), «de la que deriva su legitimidad democrática para la impartición de Justicia». Por ello, insisten que la presencia en el acto de mañana en Barcelona de Felipe VI «no sólo es un motivo de orgullo para las juezas y los jueces españoles» sino también un «símbolo del valor que la Justicia tiene en un estado de derecho en cuanto máximo representante del pueblo español y de sus instituciones».
Finalmente apuntan que las «circunstancias que impiden la presencia» del rey en el acto de entrega de despachos, que no concretan en su declaración, les llevan a reafirmar la admiración y respeto de todos ellos a su figura, «símbolo de la unidad y la permanencia del Estado».
La mayoría de vocales consultados sobre lo ocurrido prefieren no salir a la palestra para manifestar públicamente su indignación, aunque la muestran en privado. Una excepción es la de José María Macías, designado a propuesta del PP, quien en una entrevista concedida a la Cadena Ser aseguró este martes que, tras la confirmación inicial, se recibió una segunda comunicación por parte de Casa del Rey en la que se indicaba que Su Majestad no podía participar en el acto. «Hasta donde yo conozco y he sido informado, la razón indicada en la comunicación es que el Gobierno no lo autorizaba», afirmó este vocal.
El Gobierno reconoce el veto
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha confirmado que el Gobierno ha sido el encargado de vetar al Rey con unas polémicas declaraciones: «Yo no digo que no tenga trascendencia, lamento que no esté el Rey presidiendo un acto que para mí es tan emotivo y me parece importantísimo que esté pero creo que en la ponderación de bienes hay momentos en los que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro».
En declaraciones a la cadena SER, Campo ha asegurado además que «tenemos que dar normalidad a las cosas y quien tenía que tomar esa decisión la ha tomado y se habrá tomado sopesando muchas variables».
El titular de Justicia ha dicho que «en la mente de todos está una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar cosas» y que «la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones, y la monarquía lo es, y hay todo un paquete de razones que han aconsejado tomar esa decisión y está bien tomada».
La reacción de Zarzuela
Zarzuela ha hablado para dejar claro que «el Rey quería ir al acto judicial en Barcelona pero no tiene el refrendo constitucional del Gobierno». La frase ha sido confirmada a OKDIARIO por fuentes próximas a la Casa del Rey. Y el mensaje se complementa con más detalles. Porque el Rey no ha puesto ni el más mínimo obstáculo para acudir al evento, ni ha impuesto ningún requisito adicional a los del resto de años en los que sí ha acudido al acto. «El Gobierno no ha considerado conveniente su presencia», apuntan las mismas fuentes.
Moncloa insiste en que la decisión no se ha tomado por exigencia de los separatistas o por el deseo de no contrariar a ERC en plena negociación de los Presupuestos. Incluso fuentes socialistas se han permitido apuntar al Rey como causa de la anulación de su presencia. Hoy ya el propio ministro Campo ha confirmado que ha sido decisión del Ejecutivo.
Pero lo cierto es que las palabras de Zarzuela desmienten esas versiones y dejan abierta la puerta a otra interpretación, la de que, efectivamente, Sánchez ha decidido que no es conveniente la presencia del Rey por un motivo de utilidad personal y política suya: agradar al separatismo y afianzar su respaldo.
La versión deslizada al cuerpo judicial, de hecho, resulta aún más increíble. Porque el Gobierno ha sugerido la imposibilidad de garantizar la protección física del Rey como argumento para anular su presencia. Pensar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no son capaces de garantizar la seguridad del Rey resuelta un tanto ridículo.
Y es precisamente lo que Campo ha dejado entrever con sus palabras. De este modo gana fuerza la versión de que el Gobierno habría vetado la presencia del Rey ante la presión de los partidos independentistas en el marco de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado.
Fuentes del Poder Judicial apuntan a que la Casa del Rey ha comunicado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su decisión de no asistir, pese a ser invitado con normalidad como todos los años.
Según han informado las fuentes consultadas, el órgano de gobierno de los jueces cursó dicha invitación, que fue aceptada por la Casa del Rey, ya que contestó expresamente confi
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