EL AGENTE TENÍA UNA DEUDA DE 240 EUROS CON LA COMUNIDAD DE VECINOS QUE PAGÓ JUNTO AL 20% DE INCREMENTO POR DEMORA, PERO NO LE RECONOCEN EL PAGO
JOSE MARÍA FERNÁNDEZ
Un guardia Civil de Canarias lleva 27 días durmiento en su coche tras ser desalojado de su vivienda en el pabellón oficial en Teguise, Lanzarote. La orden fue emitida por su superior por supuesto impago de la cuota de la comunidad de vecinos. El guardía duerme desde hace casi un mes en su vehículo por acatar la decisión de su superior, pero su mujer e hijo se mantienen en la vivienda por considerar la medida "abusiva". La asociación Unión de Guardia Civil de Canarias ha reclamado respuestas.
Ya son 27 los días en los que un guardia civil del Puesto Principal de Costa Teguise, en Canarias duerme en su coche. Hace casi un mes, recibió la orden de desalojo de parte del General Jefe de Zona de Canarias, Juan Miguel Arribas, y ha tenido que abandonar su residencia y puesto de trabajo por acatar a sus superiores.
Según informó la asociación Unión de Guardias Civiles Canarias (UGC), se trata de un agente que habría incurrido en impago de cuotas de gastos comunes. No obstante, también explican que la deuda del oficial, que ascendia a 240 euros fue correctamente pagada por el agente, que llegó a abonar un 20% extra por concepto de retraso.
La orden se ha hecho efectiva a finales de julio, aunque el afectado había solictado varias audiencias para que se reconociera la regularización de pagos. No obstante, la administración de la Guardia Civil, que no ha querido dar información a elcierredigital.com, no le ha dado ninguna respuesta.
Aunque el agente parece tener la razón, no abandonar su vivienda implicaría desacato a su superior, una acción punible dentro del Cuerpo. Por tanto, consideró que la mejor forma de sobrellevar todo era durmiendo en su vehículo.
Unión de Guardias Civiles (UGC) denuncia que el oficial no se encuentra en situación irregular, ya que la mayoría de los guardias pagan los servicios comunes con "acumulación de meses" o de forma anual, por lo que éste no sería el único caso. Sí sería el primer caso en el que un oficial debe abandonar su domicilio con este motivo.
Por otra parte y al existir una asociación de vecinos creada ya hace algún tiempo, aunque no es reconocida por el Jefe del Puesto, la deuda no debía reclamarse directamente por el mismo sino que esta reclamación debería haberse realizado por dicha asociación y por la vía Civil, según mantienen desde la UGC.
Por otra parte, la pareja del oficial y su hijo de seis meses permanecen en el domicilio policial a la espera de una respuesta de la Guardia Civil que elimine la decisión anterior. Según la Cadena Ser, la mujer sostiene que no hay argumentos jurídicos para que su compañero se mantenga ahí.
El guardia civil ha solicitado apoyo al Defensor del Pueblo y ha interpuesto un recurso de alzada a través de su abogado para poder regresar a su vivienda a través de los servicios jurídicos de la asociación UGC.
Por cierto, el general Juan Miguel Arribas fue cesado hace dos meses del mando de la Jefatura de Inmigración por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
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