AUGC denuncia que la desaparición de las mutuas podría afectar a más de 90.000 agentes, activos y retirados, y sus familias
Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez sobre las mutuas de funcionarios han puesto en alerta a varios colectivos que ven peligrar su sistema tradicional de asistencia sanitaria y sus derechos adquiridos. Es el caso de la Guardia Civil respecto al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
«El Gobierno está jugando al despiste, con sus maniobras políticas, pero para nosotros es un asunto muy serio», señala Javier Torrellas, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). «Lanza globos sonda y cuando empiezan a marear, malo. Tiran la piedra y esconde la mano».
Decenas de miles de agentes y sus familias siguen «con preocupación» las noticias que se publican. Lo reconocen todas las asociaciones consultadas. Hablamos de unos 60.000 agentes en activo. Son los que ingresaron en el cuerpo antes de la reforma legal de 2011, que traspasó a los funcionarios al Régimen General de la Seguridad Social.
Pero a ellos hay que añadir «al menos» a 30.000 guardias civiles retirados. Es una estimación de las propias asociaciones porque, aunque parezca increíble, no hay datos oficiales de cuántos retirados hay en la Guardia Civil. «Contando los más mayores la cifra supera con mucho esos 30.000», afirma Lucía Llano, presidenta de Retirados Asociados de la Guardia Civil de España (RAGCE).
Tampoco hay cifras oficiales públicas de viudas o huérfanos, que también son beneficiarios del sistema de mutuas y están en ISFAS. «Hemos solicitado a la Dirección General muchas veces todos esos datos que son elementales, pero no los dan», señala Javier Torrellas.
Torrellas cree que «puede pasar cualquier cosa con ISFAS». «Velaremos para que no se restrinjan derechos adquiridos y ganados a pulso por los guardias civiles». La AUGC recuerda que a todo esto hay que sumar que el copago farmacéutico del 30% de los medicamentos es una carga más, en comparación con el Régimen General de Seguridad Social, «para las exiguas pensiones» de los funcionarios y viudos.
María Gámez
Javier Torrellas afirma que le han preguntado a la directora general del cuerpo, María Gámez, en el Consejo de la Guardia Civil y que ella ha contestado con evasivas «diciendo que no hay nada». En las reuniones con otras asociaciones se ha limitado a afirmar que «es un asunto que escapa de su competencia y que depende de Hacienda».
En el caso de los retirados, dice AUGC, «se les maltrata sistemáticamente a la hora de poder acceder a determinadas ayudas alegando la Dirección General falta de presupuesto, pero lo que hay es falta de interés, mala planificación, mala gestión y deseos de hacer las cosas mal». Cree que hay un agravio comparativo con el Cuerpo Nacional de Policía.
Mucha preocupación
Los guardias civiles desconfían de la situación de incertidumbre planteada en torno a las mutuas y a diario las asociaciones reciben llamadas de sus afiliados o simpatizantes preguntando por el tema, «sobre todo, los retirados más mayores», dice Lucía Llano, que reconoce que «sí, están muy preocupados». «A nosotros como RAGCE -dice- nos preocupa que se saquen estos temas ahora, en plena pandemia y en plena crisis».
Llano confía en que todo esto «no llegará a ningún fin» al menos con los retirados porque «hay derechos adquiridos que no se pueden quitar». Cualquier reforma -dice- «no podría tener carácter retroactivo». «Si eso ocurriera -afirma- provocaría una crisis enorme y grandes movilizaciones en las calles». En su opinión, sería ilegal y anticonstitucional. Otras cosa es -reconoce- cómo afectará a los agentes en activo.
Objetivo: Mutuas
Las tres mutuas de empleados públicos son MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas) y MUGEJU (Mutualidad General Judicial). Hablamos de cientos de miles de funcionarios.
Tal y como adelantó OKDIARIO, un documento llamado «Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era Post-Covid 19» señala que la crisis del coronavirus «ha evidenciado que nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) presenta ciertas debilidades que es necesario atender con premura si quiere aspirar a seguir siendo una referencia para todos ciudadanos y profesionales». El documento apunta que su objetivo es aprovechar «la ventana de oportunidad transformadora que supone» la pandemia.
El temor de alguna de las mutuas de empleados públicos es que el Gobierno quiera controlarlas, cortar el pago que destina cada mes e integrarlas en el sistema general de salud pública. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha advertido que, en tal caso, dos millones de funcionarios pasarían a la sanidad pública con el gasto y riesgo de colapso que supondría.
CSIF se ha dirigido al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para que informen sobre sus planes y, en todo caso, el Gobierno «garantice su mantenimiento y la actual cobertura sanitaria del colectivo de funcionarios». CSIF recuerda que «el sistema de mutualismo administrativo ha convivido con el Sistema Nacional de Salud y, pese a su déficit de financiación, reduce la presión asistencial en el sistema público y garantiza la viabilidad del Sistema Nacional de Salud».
El pasado 22 de abril, en pleno estado de alarma, el Gobierno ya aprovechó un real decreto de medidas laborales y fiscales destinado a paliar los efectos de la crisis por el covid para traspasar la gestión de las mutuas a la Seguridad Social, tal y como adelantó también OKDIARIO. De ese modo, modificó de manera unilateral la gestión de las pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario