Sindicatos policiales consideran que la vigilancia es "ilegal y daña la imagen de la Policía"
DAVID LOZANO
a pasado desapercibida la noticia pero algo ha cambiado para los ‘marqueses de Galapagar’ y su infranqueable chalet en esa zona de la sierra madrileña.
La Policía Nacional vigila, desde este lunes 20 de julio, la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero. Hasta 20 agentes de este cuerpo, en varios turnos, se harán cargo de velar por la seguridad del casoplón del vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad.
Montarán, en una de las esquinas, una garita y, en la parte posterior, se situará un automóvil oficial. Desaparece, por lo tanto, la garita que tenía la Guardia Civil que, sin embargo, mantendrá la vigilancia en los alrededores. En caso de producirse alguna incidencia, los policías se lo comunicarán a los agentes de la Benemérita, que siguen manteniendo sus competencias en la zona.
Pero el cambio ya ha originado serios apuros para Iglesias y Montero, esto ha sido duramente criticado desde Jupol, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía, que solicita una rectificación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Jupol denuncia que se trata de una «orden ilegal» al ser una demarcación en la que la Guardia Civil tiene atribuidas las funciones de seguridad. Insisten en que esta decisión es «completamente ilegal y choca de frente con la Ley Orgánica 2/1986, del 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Por este motivo, el secretario general de este sindicato, José María García, ha mostrado «su oposición frontal y absoluta a esta decisión, que supone cometer una ilegalidad y que solo puede tener consecuencias negativas para la imagen del Cuerpo Nacional de Policía«.
García ha explicado que «no entiende los motivos que llevan al Ministerio a realizar ahora esta modificación en las funciones de vigilancia del chalet de Iglesias y Montero, sin ni siquiera dignarse a relatar los motivos».
Jupol advierte de que este cambio supone «un perjuicio para la imagen pública que tiene actualmente la Policía Nacional«. Consideran que desde que estalló la pandemia de Covid-19 su imagen se ha visto reforzada y lamentan que el Ministerio del Interior, bajo su percepción, intente «dinamitar día a día la buena imagen y el reconocimiento ciudadano hacía la Policía y la Guardia Civil«.
Además, esta organización solicita a los mandos de la Policía que «muestren también su oposición a esta decisión unilateral y sin sentido del ministro Grande-Marlaska, y se sumen así a la defensa de la Policía Nacional y de la legalidad vigente».
«No entendemos que los mandos de la Policía Nacional no digan nada ante este tipo de órdenes que atentan directamente contra la imagen de la Policía y que suponen obligar a sus agentes a acatar una orden completamente contraria a la Ley», ha añadido García.
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