Un tribunal militar sanciona a un sargento destinado en Pollença por actividades incompatibles
Un sargento de la Guardia Civil destinado en el puesto de Pollença ha sido suspendido de empleo y sueldo durante un año por montar una empresa de máquinas tragaperras, una actividad incompatible con su labor como agente del instituto armado. La sala de lo militar del Tribunal Supremo ha ratificado la sanción tras desestimar el recurso del sargento contra la sentencia del Tribunal Militar Central, que consideró que había cometido una falta muy grave.
Fue un teniente del instituto armado quien denunció las actividades irregulares del sargento. La sentencia considera probado que el acusado constituyó en octubre de 2014 una sociedad mercantil de máquinas recreativas junto a otra persona. Durante casi dos años, concluye el fallo, desempeñó diversas actividades relacionadas con este negocio sin contar con la autorización necesaria de compatibilidad de la dirección general de la Guardia Civil. Según detalla el tribunal, el agente repartió, reparó y almacenó máquinas, negoció su colocación en diferentes establecimientos y participó en la contratación de un empleado como fijo discontinuo de la empresa, ofreciéndole las condiciones laborales.
El caso fue denunciado por otro guardia, un teniente del mismo puesto. Al sargento se le abrió un expediente disciplinario, que acarró una suspensión provisional de tres meses mientras se investigaban los hechos. En noviembre de 2017, el entonces director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, firmó una resolución al concluir el expediente en el que impuso un año de suspensión de empleo como autor de una falta muy grave por vulnerar las normas de incompatibilidad del régimen disciplinario del cuerpo.
El sargento recurrió esta sanción ante el ministerio de Defensa primero y ante el Tribunal Militar Central después, que confirmaron íntegramente la decisión del director de la Guardia Civil. Los magistrados castrenses señalaron en su sentencia que había numerosas evidencias de la actuación irregular del denunciado. La sentencia recoge que el sargento conoció a su socio cuando, vestido de uniforme, acudió al hotel que él dirigía para negociar la instalación de una máquinas. Lo hizo en compañía de su padre, que era propietario de un negocio de tragaperras. Fue tras este contacto cuando ambos decidieron crear una nueva sociedad.
El caso llegó al Tribunal Supremo, donde el sargento agotó sus posibilidades de revocar la sanción. En su recurso ante la sala de lo militar, planteó varias cuestiones para ser exculpado. Argumentó que el caso estaba prescrito, que la oficial del Cuerpo Jurídico Militar encargada de instruir la causa no fue imparcial, que no se habían practicado buena parte de las pruebas que él solicitó y que la sanción era desproporcionada.
Pero la sala de lo militar del Tribunal Supremo, formada por seis magistrados, ha desestimado todas sus alegaciones. La sentencia dictada el pasado 9 de junio reprocha el "defectuoso planteamiento del recurso" y es especialmente dura sobre la acusación de parcialidad de la instructora. Los jueces consideran este alegato como "una temeraria afirmación, casi injuriosa".
Con todo, el Tribunal Supremo rechaza ahora todos los argumentos del sargento y confirma la sentencia en todos sus extremos, por lo que el funcionario estará un año suspendido de empleo y sueldo por esta irregularidad.
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