La Generalitat batallará contra una decisión que cuestiona el modelo de los Mossos d’Esquadra como policía integral
La decisión de la comisión resuelve un conflicto competencial que se ha mantenido desde que en el 2008 los Mossos d’Esquadra crearon la unidad acuática. Durante todo este tiempo los buzos de la policía catalana han convivido con los GEAS de la Guardia Civil, el grupo especial de actividades subacuáticas. Una convivencia que ha vivido momentos de tensión y polémica.
Mientras la ley orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ampara las funciones de la Guardia Civil en el mar, la ley de la policía catalana define todo el territorio catalán como escenario de actuación integral de los Mossos, dando por sentado, aunque sin concretar que están incluidas las aguas interiores marítimas.
En todo este tiempo, tanto la Guardia Civil como los Mossos eran los principales interesados en solventar la disputa competencial y aclarar la situación. La parte catalana creía que el mejor marco para solucionar el conflicto era la Junta de Seguridad de Catalunya. Pero como es sabido ese órgano entre el Estado y la Generalitat que coordina al máximo nivel las políticas de seguridad estuvo varios años sin convocarse y la última vez que lo hizo se acordó un orden del día libre de cualquier tema polémico.
Finalmente, la Guardia Civil elevó la cuestión a la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial, presidida por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. En la reunión participaron la ministra de Justicia, Dolores Delgado; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la fiscal general del Estado, María José Segarra; la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella; el vocal del CGPJ Gerardo Martínez Tristán; el conseller de Interior, Miquel Buch; la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia de Navarra, María José Beaumont, y el magistrado Manuel García-Castellón, que es el secretario de la comisión.
La decisión no sólo afecta a las tareas judiciales en el mar, tiene consecuencias en todas las comisarías
No hubo mucho margen al debate. El representante del País Vasco no estaba presente y Buch se quedó solo, con el apoyo de la representante de Navarra, defendiendo las competencias de los Mossos en el mar, como policía integral de Catalunya.
El asunto no es menor. El comisario jefe de los Mossos, Eduard Sallent, envió una semana después un escrito a todas las regiones policiales advirtiendo de que a partir de ese momento cuando aparezca un muerto en el mar hay que llamar a la Guardia Civil y que la policía catalana quedaba relegada a funciones administrativas. El escrito no hace referencia al resto de funciones policiales que también tienen que ver con el mar y que los Mossos deberán dejar de hacer tras esta decisión.
El veredicto de la comisión obliga a la cúpula de los Mossos d’Esquadra a replantear sus actividades en el mar. Y afecta no sólo a los diecisiete buzos de la unidad acuática, sino al trabajo de todas las comisarías, tratándose de una comunidad autónoma con una extensión de costa de 755 kilómetros.
La Guardia Civil asumirá todas las funciones policiales que tengan como escenario el mar, interior y exterior. Cualquier cadáver que aparezca en la playa a partir de ahora es competencia de la Guardia Civil, así como un siniestro o el accidente de un buceador. Pero también dejarán de ser competencia de Mossos la seguridad de un evento deportivo o las investigaciones si aparecen fardos de droga. ¿Qué buzo recogerá el arma de un homicidio si se sabe que el asesino la lanzó al mar? Si se sigue a rajatabla el escrito de la comisión, los Mossos no pueden, porque carecen de función policial en el mar.
Pese a la modesta composición de la unidad acuática, los Mossos se encargaban de la seguridad de desplazamientos en el mar de los altos cargos de la Generalitat. Igual que se diseña una cápsula de seguridad para desplazamientos por tierra y una avanzadilla inspecciona los lugares por los que pasa o visita una autoridad. En el mar esa función la realizaba la unidad acuática.
Quedan en suspenso también las campañas e investigaciones que se han realizado en los últimos tiempos sobre la actividad de los furtivos o del expolio del fondo marino.
La Generalitat no renuncia a sus competencias en el mar, como tampoco renuncia el Gobierno vasco. En el caso catalán, la Conselleria d’Interior sospesa varias opciones que van desde un recurso, a elevar la cuestión en la próxima Junta de Seguridad planteando que la cuestión supera las competencias de la policía judicial, porque cuestiona el modelo de los Mossos como policía integral.
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