La asociación catalana Impulso Ciudadano ha presentado un informe en la ONU donde denuncia graves discriminaciones para con los ciudadanos que no son independentistas
En él se denuncia la discriminación a los no independentistas, las limitaciones a la libertad de expresión y de reunión de los que son contrarios al secesionismo, detenciones arbitrarias de activistas contrarios a la secesión o vulneración de los derechos de los niños entre otras actuaciones. Todas las acusaciones van acompañadas por vídeos, noticias de prensa o de agencias y otros documentos, como enlaces a páginas web.
“Hemos trabajado durante semanas en el informe, que finalmente enviamos a la ONU el pasado 15 de julio. De hecho, la entidad Sociedad Civil Catalanaya había elaborado tres informes sobre las carencias democráticas de Cataluña en los últimos años. Y ahora, con motivo del examen periódico que el Consejo de Derechos humanos de la ONU realiza sobre la situación de los derechos humanos, se invitó a las organizaciones interesadas a que hiciesen sus informes, que no podían exceder las 2.850 palabras”, explica Rafael Arenas a El Confidencial.
Para el catedrático, “en Cataluña existe un déficit democrático importante que no se quiere ver en España y no se ve desde una perspectiva internacional. Y esta es una oportunidad para darlo a conocer”. Asegura también que “España es un país bien considerado y con niveles democráticos altos, pero eso sucede porque se fijan solo en las actuaciones del Estado central. En los informes que se han hecho hasta ahora no se controlan las entidades intraestatales, donde existe un importante déficit”.
El informe desnuda crudamente algunos de los excesos de la Administración catalana aportando muchos datos concretos y huyendo de generalidades, al mismo tiempo que realiza recomendaciones para solventar las carencias democráticas, la mayor parte de ellas de corte legalista, que significan básicamente ajustar las actuaciones de los poderes públicos catalanes a las leyes democráticas.
Detenciones arbitrarias
“La administración regional y las administraciones locales catalanas discriminan a quienes no comparten los planteamientos nacionalistas. Así, por ejemplo, mientras la policía regional [Mossos d’Esquadra] persigue a quienes colocan en la calle símbolos no gratos para el secesionismo, como las banderas españolas, ninguna actuación se desarrolla contra quienes utilizan las calles para la exposición de símbolos nacionalistas y se ha llegado incluso a detener a ciudadanos que retiraban simbología de carácter nacionalista en las calles”, dice el informe. Aporta, para ello, actuaciones concretas de los Mossos d’Esquadra.
Afirma también el documento que no se trata de hechos aislados. “Los tribunales han declarado que una universidad pública discriminó a sus estudiantes no independentistas al excluirlos del directorio de colectivos estudiantiles de la universidad”, recuerda, en referencia a la UAB. Afirma también que “estos hechos de discriminación se enmarcan en una política estudiada y sistemática de la Administración regionalcatalana de incumplimiento de la ley y de vulneración de los derechos fundamentales de aquellas personas que no comparten los planteamientos secesionistas”.
Denuncia el informe la utilización de los edificios públicos “para la ubicación de propaganda de unas determinadas opciones políticas”, en referencia a las pancartas a favor de los presos y los lazos amarillos en sedes oficiales. Asegura la denuncia que “la presencia de estos símbolos es también incompatible con el principio de neutralidad ideológica de las Administraciones, propio de una sociedad pluralista y democrática”.
La denuncia ante los organismos internacionales señala, asimismo, que los Mossos han procedido “a detener durante el tiempo máximo posible antes de pasar a disposición judicial, a ciudadanos que habían retirado lazos amarillos ubicados en la vía pública o frente a instituciones públicas. Existen serias dudas sobre la justificación de dichas detenciones, pudiendo tener como objeto amedrentar a los activistas contrarios a la independencia”.
Por otro lado, Impulso Ciudadano denuncia ante la ONU que en septiembre de 2017 la Administración de la Generalitat “accedió de manera ilegal a datos personales de los ciudadanos a fin de confeccionar el censo utilizado para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 (…) Se debe señalar también que un elemento clave de la estrategia independentista ha sido la descalificación de quienes se oponían a la secesión, designándolos como fascistas, falangistas u otros términos atentatorios contra el honor y la dignidad”.
“Hostigamiento permanente”
En este sentido, recuerda unas manifestaciones de Raül Romeva, cuando era consejero de Exteriores, que llamó “falangistas” a quienes participaron en una manifestación contraria a la secesión. En esta misma línea, varios eurodiputados nacionalistas firmaron, junto con otras personas, un manifiesto que acusaba falsamente a una organización contraria a la secesión, Societat Civil Catalana, de hacer propaganda a favor del nazismo. Los tribunales condenaron a los firmantes a indemnizar a SCC por la vulneración de su derecho al honor, pero los eurodiputados firmantes alegaron su inmunidad parlamentaria para no verse obligados a cumplir la condena.
El informe asegura que “en Cataluña, se ha creado un clima de hostigamiento permanente a quienes discrepan del separatismo. Así, por ejemplo, los actos que pretenden realizarse en la universidad para difundir ideas contrarias a la secesión o a favor de la UE son sistemáticamente boicoteados”. Se refiere a los continuos boicots que sufren los actos convocados por partidos o entidades no soberanistas, jaleados desde las formaciones secesionistas y desde círculos radicales. Relata, así los tensos momentos vividos en actos en los que tomaron parte la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, o la candidata de este partido en las últimas generales, Cayetana Álvarez de Toledo.
“No se trata de hechos aislados. Las sedes de los partidos contrarios a la independencia son frecuentemente atacadas y sus actos boicoteados por organizaciones secesionistas. Algunos gobiernos locales han llegado incluso a prohibir que los partidos contrarios a la secesión celebren actos políticos en su término municipal”, dice el informe.
Otra de las cuestiones que denuncia el informe es que las reuniones y manifestaciones de los antiindependentistas "son objeto de acoso y boicot, impidiéndose de manera efectiva, en ocasiones, la realización de tales reuniones". Recuerda aquí que “solo en la UAB se documentaron varios boicots a carpas informativas y actos de estudiantes que no compartían las ideas nacionalistas. En la Universidad de Barcelona tuvo que ser suspendido un acto de homenaje a Cervantes como consecuencia del boicot sufrido por los independentistas. La asociación Barcelona con la Selección también ha sido objeto de ataques, así como los puestos de información de los partidos que discrepan de los postulados nacionalistas”.
“Adoctrinamiento en las escuelas”
En otro de los apartados, se afirma que la gestión efectiva de la educación corresponde a la Generalitat y que ese control “se ha traducido en la utilización de la escuela como instrumento de construcción identitaria”. Denuncia así que, contrariamente a lo que dicen los tribunales, el Govern mantiene “que la única lengua vehicular y de aprendizaje es el catalán, postergando el castellano, lengua oficial en Cataluña y lengua materna de más de la mitad de la población catalana. Esta postergación ha sido cuestionada por el Parlamento Europeo, vulnera la ley española pero, sobre todo, atenta de manera directa contra el derecho de todo niño a recibir educación en su lengua materna”.
Asegura que la prohibición del español “llega al punto de prohibir su utilización en las comunicaciones entre la dirección de los centros educativos y las familias de los niños y a vigilar su utilización por los alumnos en los patios escolares. Esta política sistemática tiene un claro fundamento identitario que se justifica en el concepto de lengua propia restringiendo los derechos lingüísticos de más de la mitad de la sociedad: la que tiene como lengua materna el castellano”.
En este punto, detalla también el “señalamiento público y el escarnio de los hijos de funcionarios de la Administración General del estado (cuerpos de seguridad) y a las familias que solicitan que una parte de la enseñanza se imparta en castellano”.
La conclusión es que “España es un país respetuoso con los derechos humanos, democrático y garante de las libertades. Sin embargo, atendiendo a la realidad sobre la que actúa nuestra asociación, esta imagen solo resulta de la consideración de la actuación del Estado central y de las instituciones que de él dependen. Por el contrario, si ponemos el foco en gran parte de las instituciones públicas regionales y locales en Cataluña (cuando están gobernadas por partidos políticos defensores de la independencia), podemos encontrar numerosos ejemplos de vulneración de derechos, de falta de garantías democráticas y de abusos que deberían preocuparnos”. Y termina echando en cara a las instituciones soberanistas su “desobediencia reiterada a las decisiones judiciales” y la “utilización de la escuela como una herramienta de construcción identitaria”.
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