Su padre murió un 20 de mayo, el del 2000. Su hija Chloe nació otro 20 de mayo, el del 2014. El azar siempre ha elegido el mismo día para concentrar todos los episodios trascendentales de la vida de Vicenç Flores (1979).
Guillem Sànchez / J. G. Albalat
Para el accidente que iba a truncarla irremediablemente reservó la misma fecha: el 20 de mayo del 2009, este agente de la Guardia Urbana de Barcelona fue arrollado por un coche en el cruce de la calle de Pallars con la calle de Llacuna, en el distrito de Sant Martí, mientras acudía con la motocicleta de la policía municipal, circulando de emergencia, al Mercadona del barrio de Poblenou, adonde un hombre estaba golpeando a su mujer. El impacto destrozó su pie y su vocación de policía.
Un año más tarde, en el 2010, recibió una carta certificada del Ayuntamiento de Barcelona que le comunicaba que había sido expulsado del cuerpo municipal. La ONU acaba de ordenar al Estado español que rectifique aquel despido porque vulneró los derechos de las personas discapacitadas. Una sentencia sin precedentes que obligará a reescribir leyes y que el consistorio de Ada Colau, que subraya que no es un dictamen vinculante, atenderá para revisar el reglamento que regula la 'segunda actividad', la tarea que se encomienda a funcionarios de seguridad o emergencias que por edad, enfermedad o lesión, ya no pueden estar en la primera línea de la acción.
La llamada
El pasado martes por la tarde Vicenç jugaba con Enzo, su segundo hijo, en el comedor de casa. "Le estaba poniendo un vídeo de 'Los Tres Cerditos', le flipan, y sonó el teléfono", recuerda. "Tengo que darte una buena noticia, has ganado en la ONU", ese fue el mensaje que le entregaron al descolgar. Ainhoa, su mujer, preparaba en ese instante la cena en la cocina. Y lo primero que hizo Vicenç, tras quedarse unos segundos tumbado en el sofá y dejar la mente blanco para tomar conciencia de aquella resolución histórica, fue ir a abrazarla. "Me ha ayudado tanto durante este tiempo que sin ella sencillamente habría sido imposible lograrlo".
Con esa llamada finalizaba para Vicenç una batalla burocrática sin tregua que comenzó en el 2010 contra el Ayuntamiento de Barcelona, que siguió en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que no detuvo ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo y que llegó hasta la ONU. Nueve años de tormenta judicial.
El accidente
"A mediados de mayo del 2009, una mujer fue asesinada por su expareja en plena calle de Barcelona. Tras aquel crimen en la Guardia Urbana se nos ordenó que aceleráramos en caso de recibir un aviso por violencia machista. Eso ocurrió el 20 de mayo y, acudiendo a responder la agresión a una mujer en el Poblenou, un coche me atropelló lateralmente, destrozó mi pie y me arrastró 16 metros". Un año más tarde, Vicenç, todavía de baja, se encontraba en una cafetería de la calle de Sants cuando en dirección a su mesa huyó un carterista que acababa de sustraer una cadena de oro a una ciudadana. Se levantó y se abalanzó sobre el ladrón. Pudo retenerlo pero el pie convaleciente se rompió para siempre.
La mutua laboral de la Urbana derivó su caso al Instituto Nacional de la Seguridad Social y este determinó que Vicenç tenía una discapacidad permanente y que debía jubilarse a los 31 años y percibir a partir de entonces el 55% de su sueldo de funcionario. El ayuntamiento le comunicó su despido y así arrancó el litigio.
Vicenç con Enzo sobre los hombros, junto a Ainhoa y Chloe.
"Lo peor es que encima tienes que soportar que esto es un chollo", explica. Las secuelas de aquel golpe no se redujeron únicamente al pie, asegura, "también he sufrido dolores de espalda muy fuertes y sigo con calmantes y relajantes musculares". "Además", subraya, "no es fácil ver reducido tu sueldo a un 55%". "Imagina qué mensaje se lanzó con mi caso a los policías municipales: si te pasa algo en el trabajo te despedirán y perderás un 45% del sueldo. Hay agentes en la Urbana que están ocultando lesiones verdaderamente graves por miedo a que les ocurra lo mismo que a mí".
Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona afirman que el dictamen de la ONU no es vinculante pero se comprometen a revisar el reglamento. Aun así, remarcan, una sentencia reciente del Tribunal Supremo (núm. 356/2017 de la Sala Social) impide que un agente que cobra una discapacidad sea readmitido en segunda actividad y perciba también el sueldo entero de agente. Es el caso de Vicenç que, en consecuencia, y si el consistorio está en lo cierto, tampoco podría regresar al cuerpo policial ni aunque la ONU le haya dado la razón. Para este policía, según mantiene, el objetivo no es tener más ingresos sino lograr que se reglamente de forma adecuada la segunda actividad en las policías locales. "Así funciona en cuerpos como los Mossos d’Esquadra o de los Bombers de la Generalitat, también en las policías locales de la Comunitat Valenciana, Madrid, Andalucía o Murcia -cuyos reglamentos ya han sido revisados- pero no en Catalunya y el resto de España".
El equipo de Ada Colau inició en el 2017 un trabajo conjunto con el Departament d’Interior para redactar un proyecto de ley que regulara esta situación para todas las policías de Cataluña. La iniciativa, no obstante, "cayó con la abrupta finalización de la última legislatura" -interrumpida con la aplicación del artículo 155- y se prevé reactivarla de nuevo en breve.
“Sensibilizado con la discapacidad”
El padre de Vicenç sufrió en 1990 un grave accidente laboral en Guadalajara. "Quedó tetrapléjico" y acabó falleciendo diez años más tarde. "Me marcó y por eso mi sensibilización con las personas discapacitadas viene de lejos", razona. Mientras duró su litigio, Vicenç creó una asociación, AILPOLD, que preside, y atiende a policías locales de toda España. "No cobramos ninguna subvención y las reuniones las hacemos en la sede de la ONCE, los desplazamientos hasta allí los tiene que pagar cada persona. Este logro de la ONU, de la mano de CERMI
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