Tras una larga y dura batalla legal en la que tuvo que soportar desde la incomprensión de mandos y compañeros hasta que la Dirección General de la Policía (DGP) pretendiese castigarla pasándola a segunda actividad -semijubilarla y reducirle el sueldo-, la agente gallega de la Policía Nacional que reclamaba su traslado a Galicia por ser víctima de violencia machista ha visto recompensado su tesón.
La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha resuelto su reclamación dándole la razón de forma contundente en lo que supone todo un tirón de orejas para el Ministerio del Interior, al que la sentencia culpa de haberse opuesto sin ningún fundamento sólido a un traslado que le correspondía por ley, con todo el sufrimiento emocional que ello ha conllevado para la mujer. «La situación a la que finalmente se ha visto abocada la demandante ha sido provocada por la Administración», manifiesta el tribunal.
La abogada de la policía gallega, la compostelana Concepción Rúa, no oculta su satisfacción por una sentencia, recurrible en casación ante el Supremo o el propio TSXG, que considera quegenera un precedente y podrá ayudar a otras agentes víctimas de violencia de género que se encuentren en la misma situación y que vean como la DGP hace «oídos sordos» a sus peticiones de traslado y de ayuda. «A pesar de la obstinación de Interior y de la DGP, que se emplearon a fondo en impedir lo que por ley le correspondía, denegando reiteradamente sus peticiones en un expediente administrativo que apestaba a machismo, finalmente la Justicia ha puesto las cosas en su sitio», señala la letrada.
La agente trabajaba en una comisaría de Madrid cuando sufrió maltrato por parte del hombre que en aquel momento era su pareja. El 10 de abril del 2011 un Juzgado de Violencia sobre la Mujer madrileño acordó adoptar la orden de protección que solicitó la policía frente a su ya exnovio para que no pudiera acercársele a menos de 500 metros ni comunicarse con ella. El 18 de septiembre del 2012 el agresor fue condenado por un delito de coacciones leves en el ámbito familiar y por una falta de vejaciones injustas. La policía quiso entonces regresar a Galicia, donde reside su familia y su círculo más íntimo de amistades, y solicitó el traslado, acogiéndose a la ley que establece que las mujeres trabajadoras públicas, cuando son víctimas de violencia machista, tienen derecho para que su protección sea efectiva a un traslado forzoso.
La DGP, sin embargo, solo le concedió una comisión de servicio en una comisaría gallega, solución que ella aceptó acuciada por la necesidad de abandonar cuanto antes Madrid y el estrés que le generaba estar cerca de su agresor. «Hasta iba a por el pan con la pistola y adoptaba las medidas de autoprotección contra ETA que me enseñaron», llegó a explicar antes de decidir llevar su caso ante la Justicia.
Una vez finalizada esa comisión de servicio, Interior la obligó a regresar a Madrid y alegó que ya no corría peligro. Y en una comisaría de la capital de España, no muy lejos de donde sigue residiendo su agresor, ha tenido que estar trabajando los últimos meses. Ya no tendrá que seguir pasando miedo. La sentencia del Tribunal Superior anula la resolución por la que la DGP la obligó a volver a la capital de España y declara el derecho de esta policía a beneficiarse de un traslado forzoso y definitivo a la ciudad gallega en la que vive su familia o, en su defecto, a otra cercana. Además, la Administración central deberá abonarle las costas del proceso, que el tribunal ha fijado en 1.500 euros.
«He demostrado mi verdad contra la Administración y hasta a compañeros que no me creían»
«No sabía si reír o llorar, han sido cuatro años de lucha y todavía no me lo creo». Así ha recibido la policía gallega víctima de maltrato la noticia de que el TSXG le ha dado la razón y podrá acceder a un traslado definitivo que le permita trabajar cerca de su familia y de sus amigos. «Espero que la Dirección General de la Policía no siga mareando la perdiz, que no recurran la sentencia, porque ya me han dado la razón y no sé qué más quieren. He demostrado mi verdad contra la Administración y hasta a compañeros que no me creían, que pensaban que estaba intentando aprovechar la situación para conseguir una plaza en Galicia cuando no es así. Solo espero que a las que vengan detrás de mí no les pongan tantas trabas y busquen una solución más rápida», asegura.
Esa incomprensión, esa revictimización, es la que más heridas ha dejado en esta agente. «Tuve que aguantar muchísimos comentarios», explica. Y todo por querer hacer valer su derecho legal, como víctima de violencia machista, a poder trabajar lejos de su agresor y cerca de su familia y de aquellos que le hacían falta para poder recomponer su vida. «Las leyes deberían de cumplirse mejor, si están es por algo», reflexiona esta mujer que ahora admite haberse quitado un peso de encima. «Estoy deseando hacer las maletas», afirma y, con la voz temblorosa por la emoción, añade: «Pese a lo que he sufrido, nunca he dejado de ser policía, pero ahora tengo aún más ganas de demostrar mi validez».
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2017/11/04/justicia-obliga-interior-trasladar-galicia-policia-victima-maltrato/0003_201711G4P16991.htm
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