La sentencia, que ha sido divulgada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, considera probado que los dos agentes acudieron a la casa de Javier Fernández en Guláns (Ponteareas) para atender un supuesto caso de violencia de género.
El artista, señala el magistrado, se mostró "cada vez más agresivo" y les amenazó de muerte hasta que, en un momento dado, cogió varios tenedores y un cuchillo de cocina y se abalanzó contra uno de los guardias civiles, al que empezó a agredir.
Ante esa situación, el acusado, "consciente de la situación de riesgo de su compañero" y al no tener, según recoge el juez en su sentencia, "otro medio" para evitar la agresión y el peligro que esta conducta representaba para su vida, realizó un disparo a la pierna del músico.
El agente solo tenía la "clara intención" de herirle, destaca el magistrado del juzgado pontevedrés, pero la bala seccionó la vena cava inferior a la altura del abdomen del artista, que acabó muriendo por una "mala realización" del disparo.
Añade, en este sentido, que el agente apuntó a las extremidades inferiores, pero se desvió, ya que el músico se estaba moviendo y agrediendo a otra persona, una circunstancia de difícil control para alguien que, según el juez, tenía "poca experiencia" en el empleo de un arma "en situación de tensión".
El juez da credibilidad a todos los testigos, salvo uno, que ratifican la versión defendida por el ministerio fiscal de que los agentes trataron de calmar al artista y que, al no conseguirlo y correr peligro la vida de su compañero, el acusado actuó de forma "justificada" y que, en ese momento, "no tenía otra alternativa".
A este respecto, la sentencia confirma que se investigará a un amigo del músico por falso testimonio ante el tribunal, al concluir que su declaración -en la que dijo que el músico se puso agresivo por la actitud de los agentes- es "insostenible".
Los abogados de la acusación particular, que representan a la viuda, los padres y el hijo de Javier Fernández, mantenían que el agente debía ser condenado a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por un delito de homicidio por imprudencia grave profesional.
Reclamaban también que el Ministerio del Interior abonase diversas indemnizaciones, entre ellas, 90.000 euros a la viuda y 112.500 al hijo del fallecido, al entender que hubo una conducta "imprudente" por parte del guardia civil.
http://cadenaser.com/ser/2017/11/28/tribunales/1511850620_734943.html
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