El Juzgado Togado Militar Central archiva definitivamente la denuncia de un Sargento contra el exDirector General de la Guardia Civil Fernández de Mesa y varios mandos de la Comandancia de Valencia, entre ellos dos socios de la Unión de Oficiales
Los hechos se remontan a 2013, cuando tras la apertura de un expediente por falta muy grave al Sargento J.J.M.I por presuntos delitos de ESTAFA, FALSEDAD DOCUMENTAL, OMISIÓN DEL DEBER DE PERSEGUIR DELITOS, INSOLVENCIA PUNIBLE Y PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL. El trasfondo de las acusaciones estaba relacionado parcialmente con la compraventa de obras de arte. Por estos hechos la Juez decretó abril de 2014 para el ex-sargento su ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza así como el secreto de la causa.
Ante la gravedad de los hechos, el Sargento optó por una especie de huida hacia delante que le llevó a presentar una querella nada menos que contra el ex Director General, Arsenio Fernández de Mesa, el General de la Zona de Valencia, un Coronel y dos oficiales más, socios de la Unión de Oficiales, a los que acusaba de revelación de secretos, al considerar que las informaciones sobre su caso aparecidas en prensa habían sido filtradas interesadamente.
El Juzgado Togado Militar Central nº 2 acordó la práctica de las diligencias de investigación que se consideraron pertinentes y útiles para el esclarecimientos de los hechos, efectuándose la prácticas de cuantas actuaciones fueron necesarias para averiguar y en su caso hacer constar la existencia o no de un hecho del que se puedan derivar indicios racionales de criminalidad.
Ahora bien, tras practicar las oportunas diligencias, el Tribunal concluyó que las personas que figuran en la querella como presuntos autores de la filtración, lo SON POR CONSIDERACIONES SUBJETIVAS DEL QUERELLANTE y que “la práctica del resto de las pruebas no aportarían nada nuevo en aras al conocimiento de la verdad”, dictándose AUTO POR EL TRIBUNAL MILITAR CENTRAL Nº 2 DE ARCHIVO DE LA CAUSA, porque NO concurren verdaderos indicios u objeto de prueba más que suficientes para creer que los denunciados han intervenido en la comisión de los delitos que se investigaban.
En este sentido, se evidencia la operación de acoso y derribo realizada por el obcecado denunciante, todo ello con la clara intencionalidad del protagonista de criminalizar a sus superiores y buscar, de manera tramposa, un beneficio que no le ha facilitado la justicia, menoscabando la consideración social y credibilidad profesional de nuestros dos socios de la U.O. ya que esta querella ha sido interpuesta por el exsargento J.J.M.I. como un acto de venganza y animadversión personal contra sus personas, motivada por haber prestado declaración como testigos en el expediente disciplinario por falta muy grave (el cual hace referencia expresamente en la querella interpuesta) seguido contra el querellante sargento IBARRA en el cual finalmente resultó sancionado disciplinariamente.
Pero el querellante J.J.M.I. se topó con los servicios jurídicos de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, defensa de la que se han beneficiado todos los mandos implicados, concluyendo con la emisión de resoluciones judiciales de archivo, hoy firmes, tras agotar el denunciante todas las posibilidades de recurso.
Nuestros servicios jurídicos no tolerarán bajo ningún concepto que se empañe de forma gratuita y tendenciosa la profesionalidad de nuestros socios, por lo que emprenderá cuantas acciones penales y/o civiles pudieran corresponder en defensa de éstos y de la Guardia Civil.
UNIÓN OFICIALES GUARDIA CIVIL PROFESIONAL
Madrid, 10 de julio de 2017
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