Función Pública presentó ante el Contencioso un recurso al entender que los abonos no se ajustaban a derecho, pero la sentencia da la razón al ayuntamiento y beneficia a los agentes.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado un recurso presentado por Función Pública contra diez decretos de la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma para el pago de servicios extraordinarios a policías locales, entendiendo el juez que los mismos se ajustan a derecho.
Los decretos fueron firmados en noviembre y diciembre de 2012 para el abono de servicios prestados los domingos, festivos y vísperas, y turnos nocturnos. El letrado de la Comunidad Autónoma pidió la nulidad de los actos administrativos ya que a su juicio "se tratan de compensaciones económicas que constituyen un concepto ajeno a la estructura retributiva del personal al servicio de las administraciones públicas". A propósito, se reafirmó en que "debe considerarse nulos los conceptos salariales nuevos para retribuir al personal funcionario".
Los abogados de los policías afectados defendieron que estos decretos se ajustan al convenio laboral en vigor en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, que no ha sido impugnado.
El magistrado se refiere en su sentencia a una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tras hacer un análisis de la Juridisprudencia del Tribunal Supremo, favorable a estas retribuciones, por lo que rechaza el recurso presentado, condenando además a la Comunidad Autónoma al pago de las costas. Destacar que Función Pública denunció ante el juzgado al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, que optó por no presentarse a la causa. Fueron los representantes del sindicado STAP Canarias los que se personaron en el juicio para defender la validez de los decretos o, para ser más realista, el abono de las extra a los policías.
A propósito, el STAP entiende que la Comunidad Autónoma "intentar tumbar" las resoluciones y decretos por los que se le asignan a los funcionarios de la Policía Local "el legítimo derecho a percibir las asignaciones de servicios extraordinarios que en la mayoría de las ocasiones se les obliga a realizar a pesar de que en muchos casos los agentes no quieren hacerlo, tanto por el trato que reciben como por el impago o tardanza en recibirlas o que tienen, como en este caso, que lucharlas y defenderlas ante los tribunales por la acción despiadada e interesada de una administración u otra en la intención de no pagarles nunca y jugar al ratón y al gato para el abono aunque se las reconozcan en su ejecución".
Este sindicato advierte de que esta situación "empieza a ser una constante" y encuentra "su gravedad máxima" al observar cómo el ayuntamiento "no se digna a defender ante los tribunales sus propios decretos cuando Función Pública lo impugna", lo que a su juicio evidencia "un total desinterés y dejadez por parte de los servicios municipales".
El STAP sospecha que "existe un acuerdo convenido entre estas administraciones" para ponerse al servicio de bloquear o impedir pagos a estos u otros funcionarios que tengan reconocidos derechos y convenios, "aludiendo a cualquier argumento válido jurídicamente para llevar el caso a los juzgados y cuanto menos ganar años para no abonar nada hasta que haya resolución firme y así manejar o disponer de mayor tiempo el dinero ajeno o de los trabajadores públicos".
V.Martín, Santa Cruz de La Palma
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado un recurso presentado por Función Pública contra diez decretos de la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma para el pago de servicios extraordinarios a policías locales, entendiendo el juez que los mismos se ajustan a derecho.
Los decretos fueron firmados en noviembre y diciembre de 2012 para el abono de servicios prestados los domingos, festivos y vísperas, y turnos nocturnos. El letrado de la Comunidad Autónoma pidió la nulidad de los actos administrativos ya que a su juicio "se tratan de compensaciones económicas que constituyen un concepto ajeno a la estructura retributiva del personal al servicio de las administraciones públicas". A propósito, se reafirmó en que "debe considerarse nulos los conceptos salariales nuevos para retribuir al personal funcionario".
Los abogados de los policías afectados defendieron que estos decretos se ajustan al convenio laboral en vigor en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, que no ha sido impugnado.
El magistrado se refiere en su sentencia a una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tras hacer un análisis de la Juridisprudencia del Tribunal Supremo, favorable a estas retribuciones, por lo que rechaza el recurso presentado, condenando además a la Comunidad Autónoma al pago de las costas. Destacar que Función Pública denunció ante el juzgado al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, que optó por no presentarse a la causa. Fueron los representantes del sindicado STAP Canarias los que se personaron en el juicio para defender la validez de los decretos o, para ser más realista, el abono de las extra a los policías.
A propósito, el STAP entiende que la Comunidad Autónoma "intentar tumbar" las resoluciones y decretos por los que se le asignan a los funcionarios de la Policía Local "el legítimo derecho a percibir las asignaciones de servicios extraordinarios que en la mayoría de las ocasiones se les obliga a realizar a pesar de que en muchos casos los agentes no quieren hacerlo, tanto por el trato que reciben como por el impago o tardanza en recibirlas o que tienen, como en este caso, que lucharlas y defenderlas ante los tribunales por la acción despiadada e interesada de una administración u otra en la intención de no pagarles nunca y jugar al ratón y al gato para el abono aunque se las reconozcan en su ejecución".
Este sindicato advierte de que esta situación "empieza a ser una constante" y encuentra "su gravedad máxima" al observar cómo el ayuntamiento "no se digna a defender ante los tribunales sus propios decretos cuando Función Pública lo impugna", lo que a su juicio evidencia "un total desinterés y dejadez por parte de los servicios municipales".
El STAP sospecha que "existe un acuerdo convenido entre estas administraciones" para ponerse al servicio de bloquear o impedir pagos a estos u otros funcionarios que tengan reconocidos derechos y convenios, "aludiendo a cualquier argumento válido jurídicamente para llevar el caso a los juzgados y cuanto menos ganar años para no abonar nada hasta que haya resolución firme y así manejar o disponer de mayor tiempo el dinero ajeno o de los trabajadores públicos".
http://eldia.es/palma/2014-05-07/2-...ias-locales.htm
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