Un juzgado de Madrid ha condenado al Ministerio de Interior a devolver a un funcionario parte de la paga extra de Navidad devengada en 2012, con lo que se trata de la primera sentencia en firme contra la Administración Central, apenas tres meses después del primer auto de rango autonómico que obligaba también a devolver el salario detraído a un funcionario gallego.
El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a devolver a un funcionario de prisiones la parte proporcional de la paga extra y del complemento específico, devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor el Decreto de recortes del Gobierno.
Es la primera condena en firme a la Administración General del Estado por la retirada de la extra a funcionarios y además sería extensible al conjunto de policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones, según informa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), que se hace eco de la sentencia en una nota de prensa.
El sindicato presidido por Miguel Borra afirma que esta sentencia supone un colofón de una cadena de pronunciamientos judiciales a lo largo y ancho del Estado y tiene una gran relevancia desde el punto de vista jurídico.
Hasta el momento se habían producido sentencias de las mismas características en distintos niveles de la administración autonómica y local, como en Madrid o un juzgado de Sevilla . Esta última abría la puerta a devolver la extra a todos los funcionarios de Justicia, lo que supondría un coste extra para el Estado de 66 millones de euros .
Pero fue de especial relieve el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) en noviembre, que elevaba la sanción por primera vez a rango autonómico.
El auto contra la Administración Central es relevante por el abultado número de funcionarios y empleados públicos a los que afectaría. La sentencia no deja lugar a dudas y censura "la aplicación retroactiva del Real Decreto porque contravendría los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima", señala este sindicato, al que está afiliado el funcionario.
Sin excusas La sentencia es de especial interés ya que los criterios "serían aplicables al conjunto de funcionarios que dependen del Ministerio de Interior: policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones y administrativos, entre otros. Y desde luego, al resto de los funcionarios de la Administración General del Estado", recalca el sindicato.
"El Gobierno ya no tiene ninguna excusa para devolver la paga extra, por lo que ha reclamado una convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas, para generalizar esta devolución al conjunto de funcionarios y empleados públicos de España", reclama.
"No tiene sentido que lo que reconocen los juzgados a título particular e incluso para el grueso de los trabajadores de una comunidad autónoma, no sea reconocido para el conjunto de los empleados públicos, puesto que todos parten de la misma situación. El Ministerio de Hacienda debe devolver cuanto antes esta retribución porque de lo contrario se estará produciendo una situación discriminatoria".
"El Gobierno nunca debió suprimir la paga extra y no debe perder más tiempo en sentarse a negociar con los sindicatos para determinar los cauces para su devolución, porque cada día que pasa crece el agravio hacia un colectivo injustamente maltratado desde el comienzo de la crisis", remacha CSI-F.
La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) también confía en que la sentencia se extienda a todas las administraciones la sentencia. "Resulta evidente que la restitución de los derechos usurpados a los trabajadores será un hecho respaldado por la justicia", señala, y aprovecha para pedir de nuevo al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que convoque la Mesa de Negociación.
Fallos de comunidades autónomas Tras la sentencia autonómica por la que se anulaba la supresión de la parte de la paga extra devengada cuando se aprobó el Real Decreto 20/2012, algunas administraciones autonómicas anunciaron que devolverían dicha paga con carácter de urgencia.
La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, llegó a convocar la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para pactar la devolución, e igualmente lo hizo el Gobierno de Extremadura.
A vueltas con la inconstitucionalidad del RDL 20/2012 Anteriormente también lo había anunciado el País Vasco, que había presentado una cuestión de inconstitucionalidad del RDL 20/2012 sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que detrae la paga extra de 2012 a los funcionarios, admitida a trámite.
La decisión de estas administraciones autonómicas se basaba en la posible ilegalidad de la norma. No obstante, el Gobierno anunció poco después que recurriría esta medida, ya que, hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie al respecto, argumentó, no se pueden tomar unilateralmente este tipo de decisiones.
"Entre tanto no haya este pronunciamiento, que determine la exigencia de adoptar cualquier medida sobre la paga extra suprimida, deberá mantenerse en su total aplicación el real decreto y no se puede abonar", señaló el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, el pasado mes de diciembre, y anunció que el Gobierno recurriría dicha decisión. FSP-UGT recordó ayer que que en total el Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite tres cuestiones de inconstitucionalidad relativas al artículo 2 del Real Decreto 20/2012.
La sentencia publicada ayer es una nueva vuelta de tuerca, aunque el juez no ha visto necesario en esta ocasión llevar el asunto al Constitucional, tal y como planteaba el abogado del Estado, por considerarlo "superfluo tanto en términos lógicos como de economía procesal".
http://www.expansion.com/2014/02/21...1392977916.html
lea la sentencia integra
El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a devolver a un funcionario de prisiones la parte proporcional de la paga extra y del complemento específico, devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor el Decreto de recortes del Gobierno.
Es la primera condena en firme a la Administración General del Estado por la retirada de la extra a funcionarios y además sería extensible al conjunto de policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones, según informa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), que se hace eco de la sentencia en una nota de prensa.
El sindicato presidido por Miguel Borra afirma que esta sentencia supone un colofón de una cadena de pronunciamientos judiciales a lo largo y ancho del Estado y tiene una gran relevancia desde el punto de vista jurídico.
Hasta el momento se habían producido sentencias de las mismas características en distintos niveles de la administración autonómica y local, como en Madrid o un juzgado de Sevilla . Esta última abría la puerta a devolver la extra a todos los funcionarios de Justicia, lo que supondría un coste extra para el Estado de 66 millones de euros .
Pero fue de especial relieve el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) en noviembre, que elevaba la sanción por primera vez a rango autonómico.
El auto contra la Administración Central es relevante por el abultado número de funcionarios y empleados públicos a los que afectaría. La sentencia no deja lugar a dudas y censura "la aplicación retroactiva del Real Decreto porque contravendría los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima", señala este sindicato, al que está afiliado el funcionario.
Sin excusas La sentencia es de especial interés ya que los criterios "serían aplicables al conjunto de funcionarios que dependen del Ministerio de Interior: policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones y administrativos, entre otros. Y desde luego, al resto de los funcionarios de la Administración General del Estado", recalca el sindicato.
"El Gobierno ya no tiene ninguna excusa para devolver la paga extra, por lo que ha reclamado una convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas, para generalizar esta devolución al conjunto de funcionarios y empleados públicos de España", reclama.
"No tiene sentido que lo que reconocen los juzgados a título particular e incluso para el grueso de los trabajadores de una comunidad autónoma, no sea reconocido para el conjunto de los empleados públicos, puesto que todos parten de la misma situación. El Ministerio de Hacienda debe devolver cuanto antes esta retribución porque de lo contrario se estará produciendo una situación discriminatoria".
"El Gobierno nunca debió suprimir la paga extra y no debe perder más tiempo en sentarse a negociar con los sindicatos para determinar los cauces para su devolución, porque cada día que pasa crece el agravio hacia un colectivo injustamente maltratado desde el comienzo de la crisis", remacha CSI-F.
La Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) también confía en que la sentencia se extienda a todas las administraciones la sentencia. "Resulta evidente que la restitución de los derechos usurpados a los trabajadores será un hecho respaldado por la justicia", señala, y aprovecha para pedir de nuevo al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que convoque la Mesa de Negociación.
Fallos de comunidades autónomas Tras la sentencia autonómica por la que se anulaba la supresión de la parte de la paga extra devengada cuando se aprobó el Real Decreto 20/2012, algunas administraciones autonómicas anunciaron que devolverían dicha paga con carácter de urgencia.
La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, llegó a convocar la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para pactar la devolución, e igualmente lo hizo el Gobierno de Extremadura.
A vueltas con la inconstitucionalidad del RDL 20/2012 Anteriormente también lo había anunciado el País Vasco, que había presentado una cuestión de inconstitucionalidad del RDL 20/2012 sobre medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que detrae la paga extra de 2012 a los funcionarios, admitida a trámite.
La decisión de estas administraciones autonómicas se basaba en la posible ilegalidad de la norma. No obstante, el Gobierno anunció poco después que recurriría esta medida, ya que, hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie al respecto, argumentó, no se pueden tomar unilateralmente este tipo de decisiones.
"Entre tanto no haya este pronunciamiento, que determine la exigencia de adoptar cualquier medida sobre la paga extra suprimida, deberá mantenerse en su total aplicación el real decreto y no se puede abonar", señaló el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, el pasado mes de diciembre, y anunció que el Gobierno recurriría dicha decisión. FSP-UGT recordó ayer que que en total el Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite tres cuestiones de inconstitucionalidad relativas al artículo 2 del Real Decreto 20/2012.
La sentencia publicada ayer es una nueva vuelta de tuerca, aunque el juez no ha visto necesario en esta ocasión llevar el asunto al Constitucional, tal y como planteaba el abogado del Estado, por considerarlo "superfluo tanto en términos lógicos como de economía procesal".
http://www.expansion.com/2014/02/21...1392977916.html
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