Absuelto un guardia civil que fue juzgado por solicitar datos para uso personal

Tenía el teléfono pinchado por su posible implicación en un tema de drogas, pero solo estaba comprando un coche


 El agente de la Guardia Civil de Sant Antoni que fue juzgado el 6 de noviembre por solicitar presuntamente datos para uso personal ha quedado absuelto de todos los cargos, según informa su abogado Jesús Herrero Antón. La fiscal solicitó, en la vista oral celebrada por la Audiencia Provincial en los juzgados de Palma, dos años, seis meses y un día de prisión, el pago de una multa de 3.620 euros y seis años de inhabilitación absoluta, lo que le habría hecho perder su puesto en el cuerpo. Sin embargo, el tribunal ha desestimado sus peticiones y ha decretado la absolución.

Los hechos juzgados se remontan al 14 de diciembre de 2010. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el agente solicitó a una compañera del cuartel de Sant Antoni que averiguara los antecedentes policiales o detenciones de un hombre de nacionalidad rumana. Según la Fiscalía, la consulta se efectuó «por motivos personales o privados».

«Los guardias civiles lo son las 24 horas del día, no solo cuando están de servicio», comenta Jesús Herrero, que está satisfecho con la decisión del tribunal. El letrado, que también solicitó la nulidad de las escuchas efectuadas a su cliente, recuerda que otros guardias civiles, compañeros de acuartelamiento de su cliente, tenían intervenido el teléfono móvil de su defendido porque sospechaban que su cuñado podría estar implicado en un asunto de tráfico de drogas. En una ocasión, oyeron una conversación en la que el agente concertaba una cita en Madrid para comprar un coche de segunda mano.

Sospechas sobre el vendedor
El vendedor era un ciudadano de nacionalidad rumana que levantó sus sospechas. Ante el temor de que el vehículo que le iba a vender pudiese ser robado y para evitar una posible estafa, llamó a su compañera del cuartel de Sant Antoni y solicitó información sobre si ese individuo estaba detenido ya que «no contestaba a sus llamadas al móvil desde hacía tres días y lo tenía desconectado», motivo por el que comenzó la investigación que derivó en una instrucción judicial y finalmente en la celebración del juicio.

La Audiencia Provincial de Balears absuelve de todos los cargos al Guardia civil al considerar que no existe delito, ya que la información aportada no tenía carácter de fundamental, ni lesionaba los derechos del vendedor, ni se utilizó en perjuicio de este.


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